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15 de septiembre de 2014

Plantean que se regule el derecho de admisión en Córdoba

El pedido será realizado por la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero. La Provincia no está adherida a la ley nacional. El caso de la chica hipoacúsica discriminada reavivó la polémica.

Tras conocerse un nuevo caso de discriminación en un boliche de Nueva Córdoba, la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero, presentará un proyecto para que Córdoba adhiera a la ley nacional 20.370 que regula la admisión y permanencia de público los lugares de espectáculos.

Según dicha ley, el derecho de admisión es “el derecho en virtud del cual el titular de un establecimiento y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros siempre que la exclusión sea fundamentada en condiciones objetivas, que no sean contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución”.

Los establecimientos podrán impedir el ingreso de personas que “manifiesten actitudes violentas, se comporten en forma agresiva o provoquen disturbios; cuando presenten evidentes síntomas de haber consumido sustancias alucinógenas, estupefacientes o se encuentren en evidente estado de ebriedad; porten armas, pirotecnia u objetos que pongan en riesgo al resto de asistentes, lleven símbolos de carácter racista o que incite a la violencia o cuando el lugar se encuentre al límite de su capacidad”.

En todos los casos, el establecimiento deberá exhibir estas disposiciones para que los asistentes puedan estar al tanto de ellas.

El episodio ocurrió el viernes en el boliche Cayo Makenssy cuando a una joven y a su amiga hipoacúsica se les impidió el ingreso por “no dar con el perfil”. 

“Esperamos casi una hora en la entrada del boliche y nos miraban sin darnos explicaciones”, recordó Belén en diálogo con Cadena 3.

“El encargado dijo que no podíamos entrar porque no teníamos el perfil del lugar. Le pedí que llamara al dueño y me explicara cuál era el perfil del lugar”, dijo.

Según Belén, en el ingreso había un efectivo policial que prestaba el servicio de adicionales. “No sé si el policía sabía o no lo que pasaba, él simplemente nos dijo que nos teníamos que retirar porque estábamos obstruyendo el paso”, afirmó.

El hecho también despierta el debate sobre si los efectivos que prestan el servicio de adicionales en los lugares de espectáculos públicos, en cualquiera de sus modalidades, están capacitados para hacer valer los derechos constitucionales de las personas que concurren a los mismos.

En este sentido, la legisladora Montero realizó un pedido de informe a la Policía de la Provincia para saber si los adicionales están capacitados al respecto.

Belén realizó la denuncia ante el Inadi y ante la Justicia. “Dos abogados se van a encargar de representarnos a mí y a Vani. Esa misma noche llamamos al 0800 del Inadi y la denuncia quedó registrada”, afirmó.

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