El mandatario, quien seguirá en funciones hasta fines de este año, afirmó que se trata de una “maniobra política”, y que llevará el caso hasta la Suprema Corte de la Nación.

La justicia local había fallado en contra de los despedidos en agosto de 2011. El nuevo fallo decide “condenar” al municipio a reincorporar a los cesanteados en menos de 30 días del momento en quede firme el fallo, pero no hace lugar a la indemnización solicitada por el Sindicato de Trabajadores Municipales del Oeste (Sitram) para cada uno de los despedidos por los más de siete años de inactividad.

“Siempre dijimos que  la decisión de Pereyra, además de arbitraria y caprichosa, no se ajustaba a ley, este fallo del TSJ es una reivindicación a la lucha que durante tantos años llevaron los trabajadores y el gremio” sostuvo Enrique Castro, abogado del Sitram.

A horas de asumir su mandato, en 2007, Pereyra (entonces radical) despidió a 114 trabajadores que el intendente saliente, Héctor Zani (del PJ), había nombrado meses antes, luego de perder las elecciones. La cantidad representaba más de un tercio de los empleados de planta permanente.

Los cesanteados tomaron la municipalidad hasta mediados de enero, y comenzó un proceso que tuvo un fallo en la Justicia local en agosto de 2011. La sentencia, firmada por tres jueces del fuero civil, legitimaba los despidos.

Fue entonces cuando el Sitram apeló la sentencia elevándola al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, que se expidió hace algunas horas. "Esperamos que la apelación de Pereyra, que seguramente existirá, no dilate por mucho tiempo la cuestión" dijo Luis Rivarola, titular del gremio transerrano. 

"Locura"

A comienzos de 2008, unos 30 despedidos fueron reincorporados por el nuevo gobierno de Pereyra,  quien además llegó después a contratar a 400 empleados más. “Esa circunstancia no fue considerada por ninguno de los dos fallos” recuerda Castro.

El letrado explicó: “Lo que cambia entre uno y otro fallo es la consideración de la innecesariedad (sic) del período de provisionalidad o de prueba en los empleados”.

“Es una locura que el intendente considere que el fallo del TSJ responde a una cuestión política, porque está basado en antecedentes legitimados por la Corte Suprema” señaló Castro.

En declaraciones al diario Democracia, de Villa Dolores, Pereyra señaló sobre la noticia: “Todo es obra de Oscar Félix González (UPC) para perjudicar a la ciudad que lo vio nacer”. Y agregó: “Es muy posible que elevemos el caso a la Corte Suprema de la Nación”.