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26 de noviembre de 2025

Ortega ejecuta una nueva purga en la Corte Suprema y afianza su control del tribunal con jueces leales

Cinco magistrados formalizaron renuncias uniformes y la dictadura propuso a figuras vinculadas a la represión y a crímenes de lesa humanidad para sustituirlos.

>La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso a cinco de sus figuras más leales para ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia la semana pasada de cinco de los diez magistrados que quedaban en ese poder del Estado.

Para el abogado exiliado Yader Morazán, antiguo funcionario del Poder Judicial, los magistrados que han renunciado tenían una función “meramente ornamental” en la Corte porque se limitaban, dice, “a formalizar las órdenes que llegan desde El Carmen”, la residencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“El Estado funciona como una mafia, nadie se puede ir por su propia voluntad”, dice. “Sé de muchos casos de gente que está inconforme desde 2018 y sigue operando desde sus cargos porque cualquier señal de que no quieren seguir se tomaría como una deslealtad, y se sabe cómo se castiga en Nicaragua la deslealtad a la dictadura”, añade.

“La doctora Yadira Centeno, por ejemplo, tiene 82 años, está muy enferma, pero estaba obligada a seguir trabajando. No les aceptaban las renuncias ni las solicitudes de jubilación porque los estaban utilizando”, dice. La salida de centeno fue finalmente ordenada junto con la de Ellen Joy Lewin Downs, ambas alegando motivos de salud en una carta idéntica.

También fueron oficializadas las renuncias de José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y Armengol Cuadra López. Las cinco salidas, sumadas a la nueva configuración establecida por la reforma constitucional vigente desde febrero de 2025, dejan la Corte como un apéndice del Ejecutivo.

La estructura judicial opera bajo una cadena de mando vertical en la cual los magistrados no deciden, sino que refrendan órdenes transmitidas por operadores políticos del régimen.

La reforma constitucional de febrero pasado redujo el número total de magistrados de 16 a nueve y, sobre todo, eliminó la independencia judicial.

El régimen ha designado como candidata a magistrada a la fiscal general Ana Julia Guido, señalada por Estados Unidos y por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU por su rol central en la fabricación de casos contra presos políticos.

Según el GHREN, Guido recibía órdenes directas de Ortega y Murillo o transmitidas a través del asesor presidencial Néstor Moncada Lau (actualmente en prisión). Supervisaba investigaciones junto a la Policía y dirigía la instrumentalización del Ministerio Público para procesar a opositores.

Rodríguez fue quien presidió la lectura de la resolución que Rothschuh, por su parte, es señalado El GHREN define a Rodríguez y a Rothschuh como piezas de alta jerarquía que usaron sus posiciones para “asegurar la fabricación de casos y la privación arbitraria de nacionalidad y bienes de cientos de opositores”.

El quinto candidato es José Manuel Fuertes Toledo, secretario político departamental del Frente Sandinista (FSLN) en Boaco. Su inclusión en la lista muestra el peso de la estructura partidaria dentro del sistema judicial. No viene del ámbito técnico del derecho, sino del aparato territorial del FSLN.

Morazán advierte que estas designaciones son la conclusión de un proceso iniciado desde 2023. “Yo me remonto al 2023 porque es a partir de ese momento que se tomó la decisión de reformar el poder judicial, y que se terminó de concretar con la reforma constitucional que se formalizó en febrero de 2025”, dice.

“Como el mismo gobierno lo ha admitido, a través de una reforma constitucional, dejó de ser el poder judicial, y por lo tanto dejó de ser una Corte Suprema de Justicia”, dice.

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