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17 de octubre de 2025

Escalada de violencia narco en Ecuador: asesinaron a un juez después de dejar a su hijo en la escuela

El magistrado investigado por sus vínculos con casos de delincuencia organizada en la región costera de Manabí, mientras la ola de homicidios y amenazas a funcionarios públicos sigue en aumento en el país

>El juez ecuatoriano Marcos Mendoza fue asesinado la mañana del jueves en la localidad de Montecristi, provincia de Manabí, una de las zonas más golpeadas por el avance del crimen organizado y la violencia ligada al narcotráfico en Ecuador. El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 hora local (12:00 GMT), cuando un desconocido en motocicleta lo interceptó y le disparó múltiples veces, de acuerdo con información de la Policía Nacional y declaraciones del coronel Giovanni Naranjo.

La televisión Teleamazonas indicó que la trayectoria profesional de Mendoza había sido blanco de cuestionamientos en investigaciones recientes, entre ellas el caso denominado “Blanqueo Fito”, vinculado al ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, quien fue extraditado a Estados Unidos este año por cargos de narcotráfico. En ese contexto, en junio, Mendoza fue suspendido durante un mes tras intentar comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, según informó el Consejo de la Judicatura sin entregar mayores detalles.

El propio Reimberg había mencionado públicamente una llamada de advertencia recibida por parte del juez Mendoza el pasado 8 de junio, donde el magistrado dijo: “Señor juez Marcos Mendoza, de Manabí, no me busquen, no traten de llegar a mí a través de terceros; no me esté ubicando, yo sé por qué lo está haciendo, y no hay nada de qué hablar”, según declaraciones recogidas por la prensa.

La Asociación de Magistrados y Jueces de Ecuador expresó mediante un comunicado el “enérgico repudio” al asesinato, destacando que este “hecho estremecedor evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jueces del país”, quienes enfrentan “presiones, amenazas y riesgos por ejercer su deber con independencia y valor”. La organización exigió al Estado ecuatoriano, al Ministerio del Interior y al Consejo de la Judicatura la adopción de medidas urgentes que garanticen la protección efectiva de los operadores de justicia, así como una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales.

En respuesta a la creciente ola de violencia, el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un “conflicto armado interno” contra las bandas delictivas, a las que catalogó como “grupos terroristas”. Su política incluye el despliegue de militares y policías, estados de excepción y la promoción de leyes más severas para quienes cometan delitos relacionados con el crimen organizado.

En un hecho separado, Reimberg informó en su cuenta de X que en la localidad de Pasaje, provincia de El Oro, la Policía Nacional detuvo a un menor de edad que presuntamente abandonó una cabeza humana y panfletos con amenazas dirigidas a servidores públicos, fiscales y policías, ilustrando la escala y brutalidad del desafío que enfrenta Ecuador en el actual contexto de violencia estructural.

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