Viernes 5 de Septiembre de 2025

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5 de septiembre de 2025

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y Unamos denunciaron que los opositores fallecidos fueron víctimas de desaparición forzada y calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Reclaman medidas internacionales y la apertura de causas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

>Movimientos políticos nicaragüenses en el exilio reclamaron este jueves la intervención de la Asamblea General de la “Llamamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sesionará a partir del 9 de septiembre, a que se pronuncie”, señalaron las organizaciones en una declaración conjunta. Solicitó además que el organismo internacional adopte “medidas que contribuyan tanto a frenar esta escalada de violencia estatal como a definir caminos certeros para la apertura de causas contra el régimen, tanto en la Corte Penal Internacional (CPI) como en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.

El pedido de intervención internacional ocurre tras el fallecimiento, bajo custodia, la semana pasada, de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, según confirmaron familiares de los disidentes. Ambos opositores figuraban entre los críticos más visibles del régimen de Ortega y Murillo.

Las agrupaciones opositoras denunciaron enérgicamente los hechos, argumentando que estos presos políticos “después de haber sido secuestrados, permanecieron en situación de desaparición forzada y bajo custodia de la dictadura, hasta que sus cuerpos fueron entregados a sus familias por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”. La declaración de los movimientos califica estos hechos como “la más cruel y despiadada manifestación de la represión dictatorial en Nicaragua”, a la vez que los definen como “graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

Según los opositores, estos incidentes confirman “la profunda crisis y el desgaste que enfrenta la dictadura Ortega-Murillo”. Exigieron la liberación incondicional de todos los presos políticos y una prueba de vida de las 33 personas que permanecen en situación de desaparición forzada en Nicaragua.

El caso de Carlos Cárdenas Zepeda, abogado y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante las protestas de 2018, fue particularmente señalado. El cuerpo del opositor fue entregado a su familia apenas 15 días después de su arresto durante una redada realizada por las fuerzas policiales del régimen. La muerte de Mauricio Alonso —detenido a mediados de julio y fallecido tras permanecer más de un mes bajo custodia policial— también fue reportada por los colectivos.

Organizaciones de derechos humanos como Monitoreo Azul y Blanco (MAB) acusaron a la policía sandinista de secuestro y posterior muerte de opositores detenidos. MAB denunció la existencia de un “nuevo patrón represivo” que implicaría “la captura, la desaparición forzada y la posterior entrega sin vida de las personas detenidas”. Apuntó que este patrón evidencia una estrategia sistemática de represalia y criminalización de la protesta iniciada en 2018.

En los últimos años, el régimen de Nicaragua intensificó las restricciones a la Iglesia Católica, prohibió actividades de organismos religiosos y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras declaraciones críticas del Papa.

La comunidad internacional continúa recibiendo llamados para una actuación más contundente y el envío de misiones para verificar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Hasta el momento, el régimen nicaragüense no ha emitido comentarios tras las denuncias y solicitudes de información realizadas por las familias de los fallecidos y organismos internacionales.

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