5 de septiembre de 2025
Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y Unamos denunciaron que los opositores fallecidos fueron víctimas de desaparición forzada y calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Reclaman medidas internacionales y la apertura de causas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
El caso de Carlos Cárdenas Zepeda, abogado y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante las protestas de 2018, fue particularmente señalado. El cuerpo del opositor fue entregado a su familia apenas 15 días después de su arresto durante una redada realizada por las fuerzas policiales del régimen. La muerte de Mauricio Alonso —detenido a mediados de julio y fallecido tras permanecer más de un mes bajo custodia policial— también fue reportada por los colectivos.
Organizaciones de derechos humanos como Monitoreo Azul y Blanco (MAB) acusaron a la policía sandinista de secuestro y posterior muerte de opositores detenidos. MAB denunció la existencia de un “nuevo patrón represivo” que implicaría “la captura, la desaparición forzada y la posterior entrega sin vida de las personas detenidas”. Apuntó que este patrón evidencia una estrategia sistemática de represalia y criminalización de la protesta iniciada en 2018.En los últimos años, el régimen de Nicaragua intensificó las restricciones a la Iglesia Católica, prohibió actividades de organismos religiosos y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras declaraciones críticas del Papa.
La comunidad internacional continúa recibiendo llamados para una actuación más contundente y el envío de misiones para verificar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Hasta el momento, el régimen nicaragüense no ha emitido comentarios tras las denuncias y solicitudes de información realizadas por las familias de los fallecidos y organismos internacionales.