28 de agosto de 2025
El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Las resoluciones judiciales que favorecieron a Áñez, Camacho y Pumari desataron la reacción inmediata del Ejecutivo, decidido a sostener el relato del “golpe” de 2019 pese a los cuestionamientos por persecución política y abuso de la justicia
La ministra Saravia negó que existan presos políticos en el país. Sin embargo, tanto Áñez como Camacho y Pumari han denunciado persecución política, y múltiples informes —incluido el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH— advirtieron sobre la necesidad de garantizar juicios imparciales. El gobierno se aferra a ese mismo informe para sostener sus procesos, omitiendo que las recomendaciones también señalaban el abuso de la justicia como herramienta de revancha.
Camacho, por su parte, lleva más de dos años detenido en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano, acusado de “terrorismo” por encabezar las protestas cívicas de 2019. Su excarcelación parcial llega en un momento en que el MAS atraviesa una debacle electoral: en la primera vuelta presidencial de agosto, su candidato apenas superó el 3% de los votos, la peor derrota en dos décadas de hegemonía oficialista.
Pumari, que fue encarcelado en 2021, también obtuvo un fallo favorable. El exdirigente cívico de Potosí había sido uno de los rostros más visibles de la protesta contra el fraude electoral de Morales en 2019, y su encarcelamiento siempre fue visto como un castigo ejemplar.Evo Morales, desde su residencia en el Chapare, ha denunciado presiones de la oposición y “pactos de impunidad”. Sus intentos de retornar al poder en 2025 han fracasado frente al desgaste político y las divisiones internas en el MAS.
Para la oposición, lo ocurrido es una señal de que la justicia comienza a desprenderse del control político. “No es un triunfo, es una reparación”, dijo Áñez al conocer el fallo. Camacho, desde Santa Cruz, celebró que la presión ciudadana y la atención internacional obliguen a los tribunales a rectificar.