El primero de ellos incrementa en 2 puntos porcentuales los encajes para los depósitos a la vista (caja de ahorros y cuentas corrientes) que pueden aportarse en los bonos mencionados, lo que reduce en la misma proporción el aporte en efectivo. “Esa parte de la norma apuntó a dar respuesta a un pedido de los bancos, en base a las reuniones mantenidas con el BCRA”, explicó una fuente de la autoridad monetaria.

De esta forma, generando una demanda cautiva en los bancos, el Gobierno busca cumplir con su objetivo de retirar los pesos del mercado que podrían impactar sobre la inflación o sobre el dólar, que hoy volvió a subir y llegó a $1.370 en el segmento minorista. A la vez, fuerza a las entidades financieras a quedarse con un bono que pueden utilizar para cumplir con este cambio regulatorio.

Por otra parte, el BCRA busca desactivar el malestar entre los bancos por los constantes cambios en los encajes. Por eso les permite entregar bonos en vez de efectivo. La normativa que los lleva a calcular e integrar sus encajes en forma diaria, bajo pena de recibir duras sanciones, no los conforma por dos motivos, según explican en las entidades. En primer lugar, les impide manejar su liquidez con eficiencia, tal como pide el propio titular del BCRA, Santiago Bausili. Pero a la vez, calcular los encajes en forma diaria los obliga a contemplar fondos en exceso, lo que los hace perder dinero que no recibe remuneración alguna.

Por otra parte, una nueva suba de encajes empuja a los bancos a prestar menos. En medio de un proceso de fuerte suba de las tasas, iniciado a partir del conflictivo desarme de las Lefi a comienzos de julio, cada vez es mayor el dinero que los bancos tienen “encajado” en el Banco Central y que, por ende, no llega a convertirse en préstamos.

A las puertas de las elecciones, el Gobierno de Javier Milei sigue priorizando la baja de la inflación por sobre el avance de la actividad económica. Por ese motivo avanza con una suba de encajes que intensificará el denominado “crowding out”, el escenario en el cual el Estado se queda con el financiamiento que debería ir para el sector privado. Los préstamos para las empresas y las familias se verán reducidos ya que los bancos deberán destinar esos fondos a comprar los bonos del Estado para cumplir con la regulación.

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