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28 de febrero de 2025

El Gobierno redobla la presión para bajar la edad de imputabilidad: cuántos proyectos hay y qué proponen

Tras el crimen de la niña de 7 años en La Plata, desde la Casa Rosada reclamaron mayor celeridad al Congreso. La iniciativa presentada el año pasado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona comenzó a debatirse en comisión, pero no llegó al recinto. Los textos del resto de la oposición

>Este sábado el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo ya dio señales de que una de las primeras iniciativas que buscará debatir será la baja de la edad de imputabilidad.

Sin embargo, el texto elaborado por Bullrich y Cúneo Libarona no es el único con estado parlamentario. También hay otros doce proyectos con estado parlamentario presentados por miembros de casi todas las bancadas.

El año pasado el tema comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. Justamente haberle dado giro a tantas comisiones fue uno de los errores estratégicos que cometió el oficialismo y dificultó el debate.

Por un lado, complicó al Gobierno en la tarea de juntar las firmas para avanzar con el dictamen (especialmente por la comisión de Familia y Niñez donde el oficialismo es minoría). Por otro lado, cuando la comisión de Presupuesto se focalizó en el análisis del proyecto de Presupuesto 2025 -que finalmente nunca fue aprobado- relegó el trabajo sobre los proyectos de seguridad.

En general, casi todos los proyectos bajo análisis proponen bajar la edad de imputabilidad. Mientras que el Gobierno pretende que sea a los 13 años, la mayoría pone el límite en 14. Solo los textos de las diputadas de Unión por la Patria Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello prevé dejar la edad mínima en 16.

A su vez, en la mayoría de los textos contempla sanciones alternativas a la prisión como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducción o acercamiento a determinadas personas y reparaciones a las víctimas. Además, casi todos los proyectos fijan una pena máxima diferente a la que se aplica a los adultos. Por ejemplo, para el Gobierno debería ser de 20 años, mientras que cerca de la mitad de los textos la fija en 15 años.

La iniciativa presentada por el massista Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, baja la edad de imputabilidad a 14 años solo para los delitos de acción pública (quedan excluidos los delitos del ámbito privado). No fija una pena máxima de prisión y estipula que si la pena es menor a 6 años el fiscal puede utilizar el criterio de oportunidad para aplicar penas alternativas como la reparación a las víctimas, los servicios comunitarios, la libertad vigilada o el internamiento terapéutico.

El proyecto de la radical disidente de Democracia para Siempre, Ana Carla Carrizo, baja la edad de imputabilidad a los 14 años, sólo para delitos cuya pena máxima fuera superior a 10 años. Propone que la pena máxima sea de 10 años de prisión y también contempla sanciones alternativas como reparación del daño, pedidos de disculpas, tareas comunitarias, prohibición de residencia, tránsito o asistencia a determinados lugares.

El proyecto del diputado del PRO Martín Yeza baja la edad de imputabilidad a 14 años para los delitos de acción pública y contempla penas alternativas como reparaciones a las víctimas, servicios comunitarias, regímenes de libertad vigilada o internamiento terapéutico que podrán ser aplicadas por el fiscal si la pena es menor a los 3 años de prisión.

Su compañero de bloque Diego Santilli también presentó un proyecto propio donde la edad de imputabilidad se fija en 15 años para todos los delitos, excepto los que prevean penas de prisión máximas iguales o inferiores a 2 años. También contempla penas alternativas como reparaciones a las víctimas, servicios comunitarios, prohibición de residencia o tránsito o de relacionamiento con determinadas personas. Prevé una pena máxima de 15 años para homicidios dolosos y abusos sexuales, y de 10 años para el resto de los delitos.

Es similar al de la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, que fija penas máximas de 3 años para menores de 14 y 15 años; y de 5 años para los de 16 y 17.

En la misma línea, la radical Roxana Reyes propone en su proyecto penas de prisión en centros especializados sólo para homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robos con armas, robos con violencia física hacia personas, secuestros extorsivos. Y las penas máximas serán de 5 años si el joven imputado tiene 14 o 15 años; y de 10 años si el imputado tiene 16 o 17 años.

El texto de Zaracho prevé penas alternativas como reparación del daño, pedido de disculpas, tareas comunitarias y participación en actividades de reflexión. Además, fija la pena máxima de prisión en 15 años.

En cambio, Alianiello plantea que todas las escalas de las penas se reduzcan al grado de tentativa y la prisión perpetua baje a 10 años.

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