27 de febrero de 2025
Un informe de la SIGEN reveló irregularidades en la administración de más de 46.000 propiedades del Estado
La investigación apunta contra la Agencia de Administración de Bienes del Estado que funcionó durante la presidencia de Alberto Fernández. Además, advierten por las pérdidas millonarias
>Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló serias irregularidades en la administración y gestión de los bienes e inmuebles que la gestión del Gobierno de Alberto Fernández debía realizar a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
De acuerdo a lo que pudo saber este medio, en el trabajo advierten que “la AABE, organismo encargado de centralizar la administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional, no cuenta con un registro actualizado de los inmuebles bajo su órbita. De los 46.272 inmuebles que administra, solo 23.269 están inscriptos en el Registro Legajo Multipropósito (RLM), cuya última actualización data de 2019. Además, se identificaron irregularidades en contratos de alquiler, concesiones y permisos de uso, así como en la recaudación de cánones”.
De acuerdo con el informe de la SIGEN, la falta de renovación de contratos vencidos y la ausencia de actualización de cánones han permitido que numerosos ocupantes continúen utilizando inmuebles estatales sin pagar alquileres acordes al precio de mercado. En algunos casos, los contratos vencidos no fueron renovados, y la AABE no realizó gestiones efectivas para cobrar las deudas acumuladas.En la gestión de Alberto Fernández, el primer presidente de la AABE fue Martín Cosentino (entre diciembre 2019 y agosto 2021). Lo reemplazó Eduardo Albanese (agosto 2021 a diciembre 2023). La dependencia está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El actual titular del organismo es Nicolás Pakgojz, quien bajo la supervisión de Guillermo Francos, y ordenó una revisión y auditoría de los bienes del Estado “para evaluar su uso, ocupación y situación contractual”; “Identificar bienes improductivos, contratos irregulares y ocupaciones ilegales -como el ex edificio destinado a la Para ese se flexibilizaron las normas para la venta de bienes estatales. De hecho, el DNU 70/2023 modificó varios artículos del Decreto 2670/2015, que regula la administración de bienes del Estado. Se eliminaron trabas burocráticas para acelerar la venta, cesión o concesión de inmuebles públicos y se autorizó la venta de activos sin necesidad de una evaluación previa del Congreso, facilitando la privatización de propiedades estatales. Entre las primeras medidas, y según un informe de Jefatura de Gabinete se destaca:-La baja de 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220.-En esas oficinas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo de la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina, ENACOM, entre otras. En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.
-La Agencia también avanzó con el proceso de venta, mediante subasta pública, de bienes de la corrupción, la trata de personas y el narcotráfico. A estos bienes, se sumaron los publicados en el decreto N°950/2024; un total de 400 inmuebles que se encuentran desocupados, con mal uso o subutilizados, que generan gastos innecesarios para las arcas nacionales.El informe de la Sindicatura General de la Nación calificó como débil el Sistema de Control Interno (SCI) del organismo y señaló que la falta de supervisión en contratos de alquiler y concesión de inmuebles generó “pérdidas económicas para el Estado Nacional”.Además, el informe advierte sobre “deficiencias en el cómputo de la mora, ya que las fechas de imputación de pagos no coinciden con los registros de cobranzas, lo que impide conocer con precisión la magnitud del impacto financiero”.
Uno de los puntos más controvertidos del informe es la concesión de los espacios comerciales ubicados bajo los viaductos ferroviarios Mitre y San Martín. Según la SIGEN, la AABE delegó atribuciones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la gestión de estos espacios, lo que “contraviene su rol como órgano rector de los bienes inmuebles del Estado Nacional”.El informe cuestiona la transparencia en los procesos de licitación para la explotación comercial de estos espacios. Entre las irregularidades detectadas se encuentran incumplimientos normativos, falta de documentación que justifique las decisiones tomadas y ausencia de análisis adecuados sobre los cánones cobrados. Estas concesiones, otorgadas inicialmente durante la presidencia de Ramón Lanús en la AABE (2016-2019) y continuadas bajo la gestión de Martín Cosentino (2019-2023), están siendo objeto de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
El informe de auditoría revela que la AABE administraba 46.272 inmuebles del Estado Nacional, pero solo 23.269 cuentan con un Registro Legajo Multipropósito (RLM) actualizado, cuya última actualización data de 2019. Además, la SIGEN advirtió sobre inconsistencias en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE), incumpliendo con el Decreto N° 2670/2015, que obliga a la AABE a mantener un registro integral de los inmuebles estatales.La auditoría identificó graves falencias en la gestión de contratos de alquiler de bienes del Estado:- El documento también señala que la AABE “carece de un sistema centralizado para monitorear los contratos vigentes, lo que dificulta el seguimiento de las obligaciones financieras de los ocupantes. Esta falta de control ha generado pérdidas millonarias para el Estado, ya que no se han percibido ingresos correspondientes al uso de los bienes inmuebles”.
Además, se identificaron vacíos legales en la administración de bienes decomisados y sujetos a extinción de dominio, lo que genera incertidumbre sobre el control de estos activos. Estas deficiencias estructurales, según el informe, comprometen la transparencia y la eficiencia en la gestión de los bienes inmuebles del Estado.
En cuanto a la gestión financiera, el informe señala un uso reiterado de la figura de “legítimo abono” para justificar pagos sin planificación adecuada. “En 2022, este mecanismo representó el 45% de las adquisiciones de bienes y servicios de la AABE, lo que evidencia una falta de previsión presupuestaria”, destacaron los auditores de la SIGEN. Ante este panorama, el informe delineó una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de la AABE. Entre las medidas propuestas se incluyen:- Regularizar los contratos vencidos y ajustar los cánones para evitar pérdidas económicas.
- Revisar la legalidad de las concesiones otorgadas en los Bajo Viaductos Mitre y San Martín.
“El dinero del delito, vuelve a los Argentinos”. Con ese mensaje la administración Milei, a través de la Jefatura de Gabinete anunció que “en su firme trabajo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Argentina, el Gobierno nacional también pone a disposición para subasta bienes decomisados de casos emblemáticos como la causa ´Cuadernos’, uno de los escándalos de corrupción más grandes de nuestra historia reciente que llega hasta el corazón de gobierno kirchnerista; y las causas ‘Carbón Blanco’ y ‘Clan Aliaga’ dos casos resonantes de narcotráfico y trata de personas” y anunció que “en esta categoría la AABE, ya subastó exitosamente cuatro propiedades, por un valor superior a 1.500.000 dólares. A estas propiedades, se suman otras cuatro futuras subastas, de estas mismas causas judiciales, con una base subasta, cercano los 2.450.000 dólares”.COMPARTIR:
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24 de Mayo de 2025
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LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)
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