13 de noviembre de 2024
Un juez federal bloqueó la ley que exigía la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas de Louisiana
El juez deGravelles, designado por el expresidente Barack Obama, argumentó que la medida violaba las cláusulas de libertad de ejercicio y de establecimiento de religión de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU
La normativa H.B. 71 requería que todos los salones de clases en escuelas públicas y universidades financiadas por el estado de Louisiana tuvieran un cartel visible de los Diez Mandamientos en una tipografía grande y legible. Los carteles debían medir al menos 28 x 36 centímetros y debían incluir tres párrafos adicionales, indicando que los mandamientos fueron una parte fundamental de la educación pública en los Estados Unidos durante casi tres siglos.
Según los defensores de H.B. 71, esta medida pretende reinsertar un símbolo histórico y cultural en los espacios educativos de Louisiana, y argumentan que los mandamientos no son únicamente un texto religioso, sino que representan principios morales y legales que fundamentan parte del sistema de valores estadounidense.
El juez deGravelles, designado por el expresidente Barack Obama, determinó que H.B. 71 viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, específicamente las cláusulas de libertad de ejercicio y de establecimiento de religión. Según el fallo, la ley es “inconstitucional en su totalidad y en todas sus aplicaciones”, ya que obliga a los estudiantes de todas las aulas públicas a exponerse a una declaración religiosa, sin opción práctica de evitarla.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con otras organizaciones como Americans United for Separation of Church and State y Freedom From Religion Foundation, presentó la demanda en nombre de varias familias de diversas afiliaciones religiosas —incluyendo judíos, unitarios universalistas, cristianos y personas no religiosas— que consideraban que la ley constituía una imposición religiosa del estado sobre sus hijos.
En la denuncia, los demandantes argumentaron que la ley discrimina a los estudiantes que no profesan la fe cristiana, imponiendo un texto que tiene un valor religioso particular y que, en consecuencia, vulnera los derechos de libertad religiosa garantizados por la Primera Enmienda. Además, en la queja, se incluyeron declaraciones de los padres afectados, quienes insistieron en que la educación pública debería ser un espacio secular y neutral, en el cual la formación religiosa quede en manos de las familias y comunidades de fe correspondientes.“El principal interés del estado en aprobar H.B. 71 fue imponer creencias religiosas a los estudiantes, sin considerar el daño potencial a las familias”, se lee en la denuncia. Además, Dodie Horton, autora de la ley y representante en la legislatura estatal, declaró en debates previos que la ley pretendía “mostrar la ley de Dios en el aula para que los niños vean lo que Él considera correcto e incorrecto”.