Mientras tanto, la causa sigue en el estrado de Preska y Burford Capital, el bufete de abogados que compró los derechos a litigar en este caso y es el principal beneficiario de la condena, quiere cobrar a toda costa. O al menos negociar, algo que no logró por el momento con ninguno de los cuatro presidente que gobernaron el país durante la demanda: Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández, y ahora Milei.

En ese contexto, hoy Argentina le envió una carta a la jueza intentando usar a su favor La semana pasada la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una apelación de Argentina en el caso Attestor Master y confirmó el fallo de primera instancia que autorizó el embargo de activos soberanos por un monto de USD 420 millones. Estos activos corresponden a bonos del Tesoro de Estados Unidos que Argentina había utilizado como colateral para los bonos Brady de fines de los 80.

Esos bonos del Tesoro, que se usaron como colateral de títulos ya vencidos, estarían en el BCRA y ahora en la mira de los fondos que quieren cobrar. Hay que ver qué postura toma el Estado local, pero las chances de que el BCRA los entregue (si no los vendió y aún los tiene) parecen muy bajas.

El Foreign Sovereign Immunities Act de la ley americana solo permite ejecutar “bienes en EEUU de un estado extranjero usados para una actividad comercial en EEUU”. Cómo las acciones expropiadas están en Argentina y nunca fueron usadas en ese país, estarían a salvo de expropiaciones.

“Argentina plantea que Preska debe rechazar la moción de turnover de las acciones de YPF porque no se cumplen los requisitos ineludibles del Foreign Sovereign Immunities Act que, según la Cámara, deben satisfacerse sí o sí para permitir su embargo y ejecución”, dijo en X Sebastián Soler, quien fue subprocurador del Tesoro en el Gobierno anterior.

“Los abogados de Argentina aclaran que solo aluden al fallo de la Cámara en Attestor para resaltar el razonamiento de ese tribunal sobre los requisitos aplicables a un eventual embargo, pero que Argentina reserva todos sus derechos de recurrir ese fallo”, agregó Soler.

Habrá que esperar la decisión de Preska: su interpretación de la ley es lo que, en definitiva, marcará el rumbo de la casusa. Mientras tanto, el riesgo de que ordene que el país deje de ser el accionista controlante de la petrolera sigue latente.

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