Un ciudadano chileno, detenido en Bariloche por un intento de robo, fue liberado este último martes para ser inmediatamente deportado a su país de origen.

La decisión, avalada por la Justicia tras un proceso coordinado entre autoridades judiciales y migratorias, se tomó luego de comprobarse que el hombre había ingresado de manera ilegal a la Argentina. La medida incluye la prohibición de reingreso al territorio nacional por ocho años.

La resolución judicial se produce en el marco de un caso que generó atención en la región, tanto por el delito imputado como por el procedimiento interinstitucional desplegado para definir el destino del acusado.

El hecho que originó la causa ocurrió el 7 de julio en una vivienda de Bariloche, cuando el imputado, junto a otras tres personas, intentó robar diversos objetos tras violentar el acceso al domicilio.

La intervención de la Policía permitió detener a dos de los sospechosos cerca del lugar del hecho, mientras que los otros dos lograron escapar hacia una zona boscosa. Entre los elementos robados se encontraba una mochila y una consola Playstation, según detalló la Fiscalía.

Tras la detención, el Ministerio Público Fiscal imputó al ciudadano chileno por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Durante la investigación, la Fiscalía trabajó en conjunto con la Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que confirmó que el acusado tenía domicilio en Santiago de Chile y que su ingreso a la Argentina había sido irregular.

La constatación del estatus migratorio irregular fue determinante para la decisión adoptada por las autoridades. En virtud de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, la Justicia dispuso la expulsión inmediata del imputado hacia su país de origen. Este procedimiento exige el cese de la prisión preventiva, paso formal que permite a las fuerzas de seguridad nacionales tomar la custodia del detenido para su traslado.

El fiscal en turno, Gerardo Miranda, solicitó este pasado martes la interrupción de la prisión preventiva, requisito indispensable para ejecutar la deportación. La defensa, representada por el defensor oficial Manuel Segundo Mansilla, no presentó objeciones en la audiencia.

El juez Ricardo Calcagno dispuso que el ciudadano chileno sea entregado al personal de Migraciones en calidad de detenido para su traslado inmediato a Chile.

La resolución judicial establece que, a pesar de la expulsión, el proceso penal no queda anulado. De esta manera, ordenaron que el imputado deberá fijar un domicilio legal en Chile y proporcionar un número de teléfono de contacto para quedar a disposición de las autoridades argentinas ante eventuales requerimientos judiciales durante la instrucción de la causa.

A fines del mes de marzo pasado, luego de que tres ciudadanos chilenos fueran detenidos tras intentar cometer robos en viviendas de la localidad de Villa Adelina, ubicada en el partido de San Isidro, la Justicia resolvió que fueran expulsados del país. Tras ser sometidos a un juicio abreviado y confirmarse que su situación migratoria era irregular, los acusados fueron deportados esta semana.

Como resultado de un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Justicia y el Municipio de San Isidro, los hombres fueron echados del país apenas fueron condenados por los delitos de "tentativa de robo agravado por ser perpetrado con escalamiento y efracción".

Los extranjeros deportados fueron identificados como Valentino Jastin Alanías González Sepúlveda, Juan Luis Wladimir López Troncoso y Byron Alexis Gallegos González, después de que fueran detenidos a mediados de febrero bajo la acusación de que intentaban robar en varias viviendas ubicadas en la zona de Villa Adelinda.

A raíz de las detenciones, el Municipio de San Isidro solicitó formalmente la expulsión de los tres imputados y trabajó en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, que emitió las órdenes correspondientes y notificó a la Justicia.

En la causa intervino el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, bajo la titularidad del juez Esteban Rossignoli, que calificó el expediente como "tentativa de robo agravado por ser perpetrado con escalamiento y efracción". Durante las averiguaciones, también se constató que la situación migratoria de los tres era irregular, ya que no había registros de su ingreso al país.

Desde que fueron arrestados, los tres permanecieron bajo prisión preventiva, alojados en distintas dependencias. Según informaron las autoridades, uno de ellos estuvo en la Unidad Penitenciaria N.º 45, otro en la Unidad Penitenciaria N.º 23, y el restante en la Comisaría 1.ª de San Isidro.

La investigación fue inicialmente impulsada por la fiscal Natalia Castronovo y, posteriormente, derivada a la Fiscalía de Flagrancia, donde el fiscal Orduna solicitó la prisión preventiva y la elevación a juicio de los detenidos. Así, el pasado 4 de marzo, el fiscal Osores instó a avanzar con un juicio abreviado, solicitando una pena de un año y seis meses de prisión para cada uno de los imputados.