Un hombre permanece bajo prisión preventiva por orden judicial tras ser acusado de abusar sexualmente de una adolescente en la ciudad de Avellaneda, ubicada en el departamento General Obligado, provincia de Santa Fe. El detenido fue identificado como C.A.M.

El imputado enfrentó cargos por dos hechos distintos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la misma víctima, quien forma parte de su entorno familiar. La medida fue adoptada por la jueza Claudia Bressán, luego de una audiencia celebrada en los tribunales de Reconquista y a partir de la solicitud presentada por el fiscal Valentín Hereñú, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal Hereñú sostuvo ante la jueza que la prisión preventiva resultaba necesaria para resguardar a la adolescente, dado que persistían riesgos procesales concretos. A pesar de la oposición de la defensa, la jueza hizo lugar al pedido de la fiscalía.

Según consta en el reporte oficial, los hechos investigados ocurrieron en el domicilio en el que residía la víctima. El fiscal aclaró que "ese inmueble está ubicado muy cerca del lugar en el que él vivía al momento de los hechos". Además, se precisó que los ataques sucedieron en dos oportunidades distintas, cuando la adolescente se encontraba sola con C.A.M.

El fiscal declaró en la audiencia, según consigna el comunicado del MPA: "Para procurar su impunidad, el hombre investigado concretó los ilícitos en oportunidades en las que estuvo a solas con la víctima y luego la amenazó para que no hablara con nadie sobre sus padecimientos".

La denuncia que dio inicio a la causa penal fue presentada por una mujer del círculo familiar de ambos, quien tomó conocimiento de los hechos de manera directa. Esta intervención permitió activar la actuación de la fiscalía y derivó en la imputación formal de C.A.M por dos delitos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, según detalló el Ministerio Público.

El proceso judicial continuará con la investigación penal preparatoria, en la que la fiscalía buscará profundizar la recolección de pruebas y testimonios. La calificación legal atribuida por el fiscal a los hechos es la de abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades.

El abuso sexual con acceso carnal está tipificado en el artículo 119 del Código Penal argentino y contempla una pena de seis a quince años de prisión cuando media violencia, amenazas, abuso de poder o la víctima no pudo consentir por cualquier causa. Sin embargo, la pena puede agravarse hasta veinte años si existen condiciones especiales, como el vínculo familiar, convivencia previa, uso de armas, o participación de más de una persona.

Por otro lado, las víctimas de delitos contra la integridad sexual tienen derecho a recibir asistencia integral gratuita, incluyendo: atención médica, psicológica, asesoramiento legal y protección efectiva frente a posibles represalias.

Pueden prestar testimonio bajo condiciones de resguardo, recibir información sobre el estado de la causa y acceder a programas específicos de protección si su integridad o la de su familia está en riesgo. Además, la ley garantiza el respeto a la identidad, la intimidad y la reinserción educativa y social, en especial si se trata de menores.

Personas afectadas por delitos sexuales pueden acceder a orientación, asesoramiento y acompañamiento a través de las siguientes líneas oficiales, gratuitas y confidenciales: La atención nacional para víctimas de violencia familiar y sexual está disponible las 24 horas, todo el año (línea 137). El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos para asesoramiento jurídico, médico y psicológico (línea 149). Servicio especializado para niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulneración de derechos (línea 102). Orientación y asistencia ante situaciones de violencia de género (línea 144).