El canciller Pablo Quirno informó este miércoles que dos argentinos fueron liberados tras ser arrestados en Libia cuando intentaban llegar a Gaza en una misión humanitaria. El Ministro de Relaciones Exteriores confirmó que ambos estaban en Turquía a la espera de regresar al país.

Los ciudadanos fueron identificados como María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes fueron detenidos el pasado 24 de mayo en la zona de Sirte, que se encuentra a casi 500 kilómetros de la capital Trípoli. De allí los trasladaron a Bengasi, al este del país, hasta que esta mañana finalmente fueron expulsados y viajaron a Estambul, donde los recibió un equipo diplomático.

"Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja hicieron posible su liberación", explicó Quirno.

Y añadió: "La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron".

Días atrás, el diputado kirchnerista Hugo Yanksy había pedido citar a Quirno para que expliqué qué fue lo que había pasado con los dos ciudadanos.

María Paula Giménez, de 42 años, es psicóloga, y Lucas Aguilera, de 49, es médico veterinario. Ambos son oriundos de Mendoza —ella de la localidad de Alvear y él de Luján de Cuyo— y se desempeñan como directores de investigación de la agencia de noticias Nodal. Según explicó Adalberto Aguilera, hermano de Lucas, los dos tienen una extensa trayectoria ligada a la militancia social, la investigación periodística y la defensa de los derechos humanos, convicción desde la cual decidieron sumarse a la misión.

El recorrido del grupo comenzó en Estambul y continuó hacia Trípoli, donde se incorporaron a la caravana internacional. Aunque contaban con la documentación necesaria para transitar por Libia y habían recibido apoyo de gran parte de la población local, fueron arrestados cuando intentaban obtener autorización para avanzar por el noreste del país. Según relató la familia, las dificultades previstas estaban más cerca de Egipto y de la frontera con Gaza, por lo que la detención en territorio libio tomó por sorpresa a todos los integrantes de la delegación.

El convoy del que formaban parte, el Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb, estaba integrado por más de 200 participantes de 25 países: médicos, periodistas, ingenieros, psicólogas, veterinarios, trabajadores humanitarios, parlamentarios, académicos y voluntarios civiles, además de ambulancias, vehículos logísticos y asistencia especializada destinada a la población palestina, de acuerdo con la información difundida por las organizaciones que acompañaron el caso. El objetivo era llegar al paso fronterizo de Rafah para exigir el ingreso seguro de ayuda humanitaria y denunciar el bloqueo impuesto sobre Gaza.

Tras recuperar la libertad, Aguilera se refirió a la experiencia en sus primeras declaraciones públicas. "Fueron días durísimos", afirmó, y destacó la unión que se generó entre los detenidos pese a las diferencias idiomáticas y culturales. "Éramos de países distintos. Yo no hablo inglés, unos hablaban italiano, los otros inglés, y nos supimos comunicar, nos supimos sacar la fortaleza de adentro y salimos adelante", señaló. El grupo de diez personas que compartió el cautiverio se autodenominó "los diez del Magreb", según sus propias palabras.

Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que acompañaron el proceso celebraron la liberación, pero advirtieron sobre la gravedad de lo ocurrido. En un comunicado, sostuvieron que "la libertad de las diez personas no borra la gravedad de lo ocurrido" y que "durante semanas fueron privadas arbitrariamente de su libertad, alejadas de sus familias y sometidas a una situación de extrema incertidumbre". Calificaron la detención como un secuestro y afirmaron que los integrantes de la misión "nunca debieron haber sido secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria".