La causa judicial que vincula a la AFA con Sur Finanzas toma un nuevo impulso esta semana: el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó declaraciones indagatorias para los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker, además de los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.

La medida llega semanas después de que cinco de los imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo, amigo de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, se negaran a responder preguntas ante el tribunal.

La resolución, dictada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, se enmarca en la causa FLP 29107/2025, caratulada "Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303, denunciante Auriga League S.A.". La acusación sostiene que una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield operó de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas, al que la fiscalía ubica como el núcleo operativo de una estructura profesionalizada en el lavado de activos.

El instrumento central de esa maniobra habría sido el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012, y la empresa Banfileños S.A., ambas controladas por las mismas personas que dirigían el club.

El juez Armella fijó tres fechas para las comparecencias ante el tribunal, con sede en Lomas de Zamora:

A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, prohibición de contactarse con los otros imputados y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial. La Dirección Nacional de Migraciones fue notificada de las restricciones de salida.

Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, y también presidente de Banfileños S.A. y del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, enfrenta la imputación más grave del grupo.

La fiscalía lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por la habitualidad. La acusación lo ubica como el vértice de toda la estructura: desde su posición en el club, derivaba los ingresos hacia la fiduciaria que él mismo controlaba. Esa operatoria quedó plasmada, según el expediente, en endosos manuscritos de cheques del Banco Bica incautados durante el allanamiento a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, donde puede leerse de puño y letra de Spinosa la instrumentación del desvío hacia la cuenta del fideicomiso.

Federico José Spinosa, hermano del anterior y ex vicepresidente de Banfileños S.A., responde a la imputación como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado.

La fiscalía señala que aportó su firma y su rol de intraneus para consolidar las obligaciones abusivas contraídas por el club. Figura también como firmante de los dos contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.

Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), está imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor. La acusación destaca que, desde el control de la tesorería, suscribió junto a los hermanos Spinosa los mutuos usurarios en los que la dirigencia declaró haber recibido un millón de dólares "en dinero efectivo", lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.

Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente del club, es imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado por la habitualidad. Según la fiscalía, garantizó desde la vicepresidencia la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente.

La acusación identifica a esas dos entidades como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club: cualquier financiamiento externo obtenido por Banfield quedaba automáticamente canalizado a través del vehículo fiduciario administrado por las mismas autoridades que conducían la institución.

El juez Armella ya había citado a declarar a seis personas del entorno de Vallejo. Cinco de ellas —Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda Sena Argis; Bárbara Denise Sena Argis; Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez, se negaron a responder preguntas ante el tribunal. Esa actitud no produce efectos procesales adversos, dado que el artículo 18 de la Constitución Nacional impide interpretar ese silencio como indicio de culpabilidad.

El único que se defendió ante los investigadores judiciales fue Maximiliano Ariel Vallejo. Lo hizo el 26 de mayo: entregó un escrito, respondió únicamente las preguntas de su propia defensa y se proclamó inocente. "Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra", sostuvo en ese documento.

De manera oral, calificó el expediente como una causa "mediática" y afirmó que sobre él pesaba una percepción de culpabilidad "por dichos populares de los medios". Sobre los USD 110.000 en moneda extranjera hallados durante los allanamientos, dijo que habían sido adquiridos legalmente tras el levantamiento del cepo cambiario en 2025.

Frente a la imputación por lavado de activos, sostuvo: "Debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay". Respecto de los contratos de mutuo con el Club Atlético Banfield, se definió como "un simple sponsor" que le hizo "un préstamo al presidente de una entidad" y cerró su intervención con una frase terminante: "Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas".

La investigación tomó estado público tras los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 en la sede de Sur Finanzas y en varios clubes de fútbol. En esos operativos se secuestraron biblioratos físicos denominados "CLUBES" y "PSP nómina de clientes", que confirmaron la existencia de operaciones con 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

La fiscalía considera a este último el caso paradigmático de la estrategia de captura de instituciones civiles para utilizarlas como herramientas de reciclaje de activos. Según la acusación, Sur Finanzas funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones a través de esas 16 entidades.