La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) abrió un juicio académico contra uno de los dos jóvenes filmados mientras mataban a patadas a una nutria en la vía pública de Bahía Blanca, un episodio que se viralizó el fin de semana pasado y desató un amplio repudio social.

El estudiante, Juan Bautista Bravo, quedó suspendido de forma preventiva de la Facultad Regional Bahía Blanca (UTN), donde cursa el primer año de la Tecnicatura Universitaria en Programación, mientras la causa avanza también en el plano judicial con una imputación que podría impedirle a él y a su coimputado evitar el juicio oral.

El caso tomó estado público tras la denuncia penal presentada por Morena Loncaric, presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal, quien apuntó contra Bravo y contra Imanol Santerre —ambos oriundos de Coronel Suárez y radicados en Bahía Blanca para estudiar— por el ataque ocurrido en Paraguay al 500.

En el video que circuló en redes sociales se observa cómo los dos jóvenes de 18 años propinaron patadas al animal, de unos 60 centímetros, que había sido buscado previamente por personal de Zoonosis para ser rescatado.

La respuesta de la UTN llegó rápido. A través de la Resolución N° 293/2026, fechada el 8 de junio, el Consejo Directivo de la Facultad Regional resolvió suspender preventivamente a Bravo e iniciar un juicio académico en su contra, al entender que los videos difundidos en redes sociales y medios digitales "evidencian la realización de actos de violencia y maltrato animal, seguidos de la muerte de un coipo, nutria criolla".

El documento calificó la conducta del estudiante como "repudiable" e "impropia de un estudiante universitario" y señaló que los hechos generaron indignación tanto en la comunidad en general como entre los propios compañeros de carrera.

El decano de la Facultad Regional Bahía Blanca, Alejandro Staffa, explicó en diálogo con La Brújula 24, que la medida se enmarca en el Reglamento de Disciplina para Alumnos, Ordenanza N° 613, aprobado durante la década del 80. Ese reglamento ya fue aplicado en otros casos: agresiones a docentes, falsificación de documentación pública o adulteración de títulos. Aunque el episodio ocurrió fuera del ámbito universitario, la facultad consideró que la conducta resultaba incompatible con los valores que la institución sostiene.

"La universidad entiende que notó una inconducta impropia de un estudiante universitario, un comportamiento inadecuado, que va en contra de todo lo que sostiene la universidad: su integración al medio, preservar la vida, mejorar la calidad de vida de la población y también, por supuesto, en ese entorno están los animales", afirmó Staffa.

El decano precisó que las sanciones previstas por el reglamento van desde una llamada de atención hasta la exoneración, con escalas intermedias de apercibimiento y suspensión. "Lo más leve es una llamada de atención, el segundo grado es apercibimiento, el tercer grado es suspensión, y puede llegar a la exoneración", detalló.

El tribunal académico que deberá intervenir estará integrado por docentes, estudiantes y graduados, recibirá todos los elementos que motivaron la decisión y emitirá un dictamen que luego deberá tratar el Consejo Directivo en una reunión posterior. Dado que ese cuerpo sesiona habitualmente una vez al mes, el proceso podría extenderse en el tiempo. Mientras tanto, la suspensión preventiva impide que Bravo asista a clases.

Staffa también contó que, antes de avanzar, la facultad verificó que el joven estuviera efectivamente inscripto como alumno. "Hubo mucha sorpresa. Después, cuando uno entra más en la noticia y ve los videos que se publicaron, genera indignación, mucha preocupación de que esto suceda en la ciudad y, en este caso, con un estudiante universitario. Hay repudio a la acción", sostuvo el decano en el mismo programa.

La resolución será elevada al Consejo Superior de la UTN para su conocimiento, conforme a la reglamentación vigente.

En el frente judicial, la situación de Bravo y Santerre se complicó aún más. La fiscal a cargo de la causa, Marina Lara, junto al secretario de la fiscalía general, Santiago Garrido, acordaron sumar a la imputación por la ley de maltrato animal N° 14.346 —que prevé hasta un año de prisión— una segunda figura: la violación de la ley de conservación de fauna N° 22.421, aplicable por el tipo de animal atacado, que agrega otro año a la posible sanción.

Pero el dato que más peso tiene en términos procesales es otro. La ley de conservación de fauna contempla la inhabilitación como pena accesoria, lo que impide al imputado acceder a la suspensión de juicio a prueba, conocida popularmente como probation, indicó La Nueva.

Esa figura, que permite extinguir la acción penal a cambio del pago de una suma de dinero o la realización de tareas comunitarias, deja al infractor sin antecedentes penales si cumple las condiciones impuestas. Al quedar vedada esa salida, Bravo y Santerre deberán enfrentar el juicio oral.

"En el juicio seguramente podrían recibir una pena de prisión condicional, pero les va a quedar como antecedente", explicó Garrido en declaraciones a La Nueva.

El funcionario también aclaró que los celulares de ambos jóvenes fueron secuestrados durante allanamientos realizados en sus viviendas, con el objetivo de obtener los videos originales del ataque y eventuales diálogos entre ellos, además de determinar si hubo participación de terceros.

Precisamente, existe un tercer joven que habría retirado el cuerpo del coipo del lugar donde fue arrojado tras el ataque, y que podría quedar alcanzado por el delito de encubrimiento, según informó La Nueva. Desde la Fundación Grupo Alianza Animal, en tanto, se pidió canalizar toda la reacción por la vía judicial y evitar cualquier tipo de represalia contra los denunciados.