El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°1 de la Capital Federal dictó una sentencia de 10 años de prisión para un ciudadano de nacionalidad peruana, acusado de liderar una organización dedicada al tráfico y lavado de dinero proveniente de la venta de más de 41 kilogramos de cocaína.

El caso, que tuvo como epicentro el barrio porteño de Caballito, expuso la estructura y el alcance de una red criminal transnacional cuya operatoria fue desarticulada tras una investigación que se extendió por varios años.

La condena recayó sobre Jesús Antonio Palacios Calderón, de 46 años, quien fue hallado responsable de organizar, coordinar y financiar el transporte de la sustancia ilícita, destinada a su comercialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal impuso una multa de 600 unidades fijas y $231.761.900 al imputado, y mantuvo las medidas cautelares sobre los bienes incautados durante el proceso.

La causa se remonta a noviembre de 2020, cuando la Policía porteña interceptó un taxi en la intersección de avenida Rivadavia y Emilio Mitre. En el interior del vehículo, una mujer uruguaya, identificada como Stefany Gabriela de la Cruz Arcosa, hermana del futbolista Nicolás de la Cruz, y otro integrante de la organización transportaban dos valijas con 40 panes de cocaína y una pequeña bolsa. El operativo policial permitió secuestrar la droga y detonar la investigación, que contó con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El tribunal, integrado por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Ángel Basílico y Adrián Federico Grünberg, consideró acreditado que Palacios Calderón actuó como principal organizador y financista de la maniobra. La acusación, impulsada por el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia (PROCUNAR) y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto (PROCELAC), sostuvo que el condenado coordinó el transporte de la droga desde su lugar de residencia en España, utilizando medios y recursos económicos para asegurar el éxito de la operación.

Según lo informado, la organización estaba compuesta por al menos tres personas, lo que agravó la calificación de los delitos atribuidos. Además, la investigación permitió identificar que las ganancias obtenidas se incorporaban al circuito formal mediante la compra de vehículos y propiedades a nombre de familiares y allegados, actuando estos como "prestanombres" o testaferros.

Las autoridades establecieron que el ahora condenado tenía a su cargo la coordinación y financiamiento de la operación, delegando en terceros la logística y el traslado de la cocaína. El destino final de la sustancia era su comercialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un esquema de distribución que involucraba diversos actores y roles.

La detención de Palacios Calderón ocurrió el 7 de febrero de 2023 en España, país donde residía al momento de ser localizado. Posteriormente, en agosto de ese año, fue extraditado a la Argentina y quedó alojado en el Complejo Penitenciario II de Ezeiza, a disposición del juez federal Sebastián Casanello.

La acusación formal fue presentada por el fiscal federal Carlos Rívolo el 18 de agosto de 2024, quien solicitó la elevación a juicio por los delitos de organización y financiamiento de maniobras de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de varias personas, y lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad.

El proceso judicial incluyó la colaboración de la Brigada de la Comuna 6 de la Policía de la Ciudad, que tuvo un papel central en la interceptación del cargamento de droga y la posterior identificación de los miembros de la organización.

El fallo del TOF N°1 no se limitó a Palacios Calderón. En el mismo proceso, ocho personas más recibieron condenas en juicios abreviados por su participación en los hechos investigados, mientras que una mujer accedió a la suspensión del proceso a prueba. El tribunal también ordenó la destrucción de la droga secuestrada y mantuvo las medidas cautelares patrimoniales, aunque el tratamiento del decomiso definitivo de los bienes fue diferido.

El debate oral había comenzado el 24 de abril pasado y los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 16 de junio próximo. Durante el juicio, se reconstruyeron los diferentes roles desempeñados por cada uno de los involucrados dentro de la estructura criminal, permitiendo a la Justicia establecer la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.