La Legislatura de la provincia de Chubut aprobó este jueves un proyecto de ley que restringe el uso del celular en todas las escuelas del territorio. La iniciativa fue aprobada por casi unanimidad y apunta a limitar la utilización de los dispositivos en el nivel inicial, primario y secundario.

La nueva normativa fue presentada por el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, y recibió el respaldo de Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET, además del mencionado bloque. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, fue el único que votó en contra del proyecto.

La medida se inscribe dentro de una tendencia que ya adoptaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras ocho provincias argentinas, además de países como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.

Al exponer desde su banca, Pais fundamentó la iniciativa en evidencia empírica sobre los efectos del uso de teléfonos móviles en niños y adolescentes. "El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo; los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo", sostuvo el legislador.

Para respaldar su postura, Pais citó pronunciamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Según indicó, ambos organismos advirtieron que el uso excesivo de teléfonos móviles genera alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión. A partir de ese diagnóstico, el diputado encuadró la ley no solo como una herramienta educativa, sino como una política activa de prevención sanitaria: "Si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos vamos a retrasar o a disminuir al menos todos estos perjuicios que ya son evidentes, que ya se estudian y que implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad y un mayor gasto en inversión en políticas de salud", afirmó.

Otro eje del proyecto es la restitución de autoridad al cuerpo docente. La norma no prohíbe el celular de forma absoluta, sino que otorga al educador la potestad de habilitar su uso cuando lo considere pertinente con fines pedagógicos. En esa misma línea, el diputado Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) subrayó que la ley busca darle al sistema educativo "una herramienta legislativa para que pueda hacer algo respecto de la utilización de la telefonía móvil".

Por su parte, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) esperó que la norma sirva también como llamado de atención para las familias, ya que el tiempo que los chicos pasan fuera de la escuela "también merece, por parte de la institución familiar, el mismo control y la misma responsabilidad".

La diputada Andrea Toro (Pich) aportó cifras del Observatorio Argentinos por la Educación: en 2024, el 37,6% de los estudiantes del país nunca desactivaba las notificaciones de sus dispositivos durante la clase, y uno de cada tres alumnos tenía el celular activo en el aula, con estímulos constantes.

Un informe regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), elaborado por la doctora en Comunicación Roxana Morduchowicz, relevó el estado de la regulación del celular en las escuelas de 12 países de la región y concluyó que la modalidad más extendida es la restricción parcial, no la prohibición absoluta. Solo cuatro naciones —Brasil, Chile, Colombia y Paraguay— cuentan con leyes nacionales específicas sobre el tema; Argentina y México avanzaron a través de normativas subnacionales. Al menos 11 jurisdicciones argentinas ya aprobaron leyes o resoluciones propias, con variaciones según el nivel educativo y el alcance de cada norma.

El mismo informe advierte que la restricción de dispositivos no resuelve por sí sola problemas como el acoso digital, la desinformación o la exposición a contenidos nocivos. "Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones", señala el documento. Por eso, Unesco propone complementar las políticas de limitación con una formación sólida en ciudadanía digital, orientada a que los estudiantes puedan utilizar las tecnologías de manera crítica y reflexiva, y no solo a reducir su presencia en el aula.