La conversación suele empezar cuando todavía no parece urgente. Una comida entre amigas, una sobremesa demasiado larga, una de esas noches en que alguien se queda un rato más porque no tiene ganas de volver sola a la casa. Una acaba de divorciarse. Otra acaba de enviudar. Otra, sencillamente, mira el departamento que durante años estuvo lleno de hijos, mochilas, amigos entrando y saliendo, y descubre algo que nunca imaginó: de pronto el silencio también ocupa espacio. Entonces aparece el comentario que durante años fue apenas una broma compartida: "Cuando seamos más grandes tendríamos que vivir juntas". Se ríen. Fantasean con un PH con patio, una casa en el bosque, un edificio pequeño frente al mar. Cada una con su cuarto. Una cocina grande. Nadie cenando sola mirando Netflix.

Durante mucho tiempo esa escena perteneció al mismo territorio mental que The Golden Girls: una fantasía amable sobre cómo no terminar aisladas. Pero algo empezó a cambiar. Lo que hasta hace poco parecía una conversación simpática empieza a transformarse, lentamente, en una pregunta concreta. No ya si sería lindo vivir juntas, sino cómo se hace realmente.

El cambio tiene algo de cultural y algo de demográfico. Vivimos mucho más tiempo que nuestros padres y, sobre todo, mucho más tiempo viviendo solas. Las separaciones aumentaron, las familias son más chicas, los hijos viven lejos o tienen trabajos demasiado inestables como para convertirse en red cotidiana. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo sobre la soledad no deseada como un problema de salud pública asociado a depresión, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura. La pregunta de fondo ya no es cuánto vamos a vivir sino cómo atravesamos esos años extra y quién va a saber nuestro nombre cuando tengamos ochenta.

En abril de 2026, la escritora Lily Meyer publicó en The Atlantic un ensayo sobre la proliferación de historias de mujeres viviendo juntas en la madurez, desde novelas hasta experiencias reales, como respuesta concreta a los límites de la familia nuclear. Lo que durante décadas fue retratado como rareza empieza a convertirse en conversación cultural.

Una de las escenas más extraordinarias ocurrió en Francia. Más de 300 mujeres pusieron alrededor de 7.700 dólares cada una —sumaron 2,3 millones— y compraron un château medieval en el sur del país para convertirlo en un espacio de encuentro y convivencia estacional. No es cohousing permanente, pero es algo igual de potente como prueba de concepto: cuando las mujeres se organizan y ponen plata junta, compran castillos.

New Ground, al norte de Londres, es el primer edificio de cohousing exclusivo para mujeres mayores del Reino Unido. Veintiseis mujeres de más de cincuenta años —la mayor tiene más de noventa— viven con departamentos privados alrededor de espacios comunes. The Guardian lo llamó "utopía feminista". Una residente, Jude Tisdall, resumió así el proyecto: "Sería maravilloso vivir juntas. Compramos una casa grande…", dijo una. "Y siempre tendremos vino", completó la otra. Tardó dieciocho años entre la primera conversación y la mudanza. Dieciocho años de reuniones, discusiones, problemas urbanísticos, licencias y conversaciones incómodas. Lo que permitió sostener el proyecto fue algo bastante menos épico que la arquitectura: el entrenamiento comunitario. Comidas compartidas, encuentros mensuales, talleres, tiempo. Muchísimo tiempo.

En Canadá, Pat Dunn enviudó y empezó a enfrentarse a algo que muchas mujeres reconocen enseguida aunque pocas lo nombren: el momento en que la independencia deja de sentirse libertad y empieza a parecer fragilidad. El proyecto que fundó después, Senior Women Living Together, no construye edificios ni vende departamentos. Hace algo bastante menos marketinero y bastante más complejo: ayuda a mujeres mayores a encontrar compañeras compatibles para compartir vivienda. Antes de hablar de amistad, hablan de hábitos domésticos. Antes de hablar de afinidades emocionales, preguntan por horarios, limpieza, dinero, rutinas, ruido, privacidad y conflictos. Hoy tiene más de 2.000 miembros en Ontario.

Argentina todavía está muy lejos de institucionalizar esta discusión, pero algo empieza a moverse por debajo del radar. El fenómeno aparece dividido en tres caminos que se parecen poco entre sí: el Estado, el mercado privado y los grupos autogestivos.

El Estado llegó primero con Casa Activa, el programa "Casa Propia – Casa Activa" lanzado por el Gobierno nacional junto al PAMI. La idea es concreta: complejos de 32 departamentos —monoambientes y dos ambientes— con espacios comunes, pileta, gimnasio, SUM y Centro de Día. Las viviendas se entregan en comodato, sin compra, y PAMI designa a los beneficiarios por proceso evaluatorio. En Ensenada, el complejo se construyó sobre calle Quintana en el predio donde funcionaba una Casa de Día. Hasta fines de 2025 había más de 900 viviendas entregadas en trece provincias. El límite del modelo es evidente: no es para cualquiera, no se elige con quién convivir, y las personas son asignadas por el Estado. Es infraestructura pública, no comunidad elegida.

El mercado privado detectó el nicho y empezó a moverse. Desarrolladora Pampa construye Pueblo Chico en San Antonio de Areco, a 120 kilómetros de Buenos Aires: casas adaptadas con entradas independientes, galería al parque central, SUM con sala de lectura y gimnasio. El proyecto nació de una mujer llamada Isabel que soñaba con compartir sus años maduros junto a sus amigas sin resignar independencia. En Salta, Colmena ofrece una propuesta similar orientada al noroeste del país. Cuando uno escucha a especialistas en envejecimiento, sin embargo, aparece una diferencia importante: servicios no equivalen necesariamente a comunidad. Tener comedor compartido no significa que alguien vaya a notar tu ausencia si un día no bajás a desayunar.

El tercer camino es mucho menos prolijo, mucho menos visible y probablemente mucho más interesante: grupos de personas inventando formas nuevas de convivencia antes de que llegue la urgencia. Angió es uno de los pocos proyectos argentinos autogestivos verificables hoy. En sus redes aparecen fotos de algo que todavía no existe: un terreno vacío, varias mujeres caminando y señalando lugares invisibles, imaginando dónde podría estar una cocina compartida, una biblioteca, un espacio para talleres. La escena tiene algo conmovedor porque lo que se ve no es un edificio sino un intento de imaginar futuro. En San Luis, el proyecto Tierra Caranday reúne a nueve personas de entre 50 y 55 años en zona rural y ofrece la posibilidad de probar la convivencia durante quince días antes de comprometerse. En Mar del Plata, Mario Benedetti impulsa un esquema donde cada persona es accionista con derecho de uso proporcional a lo aportado. En Trelew, un grupo de dieciocho personas tomó como modelo los cohousing daneses y armó una granja orgánica compartida. Patricia Scuffi, una de las integrantes, lo describe así: "Camino a la vejez no puedo dejar de apoyar un proyecto comunitario como este. La soledad es divina si una la elige. Pero siempre es necesario nutrirse, si no uno de a poco se va muriendo".

Casi todos los grupos dicen algo parecido: "nos vamos a cuidar". Pero cuidar puede significar cosas muy distintas. ¿Acompañar al médico? ¿Organizar comidas? ¿Pagar asistencia? ¿Cuidar Alzheimer? ¿Turnarse frente a una dependencia severa? Un estudio reciente sobre Trabensol —el cohousing senior más conocido de España, con departamentos privados alrededor de espacios comunes— analizó lo que llamó "los límites del cuidado". Sus residentes repiten una frase casi militante: "Esto no es una residencia porque aquí nadie nos dice lo que tenemos que hacer". Sin embargo, incluso allí apareció la pregunta difícil: qué pasa cuando el deterioro cognitivo o físico supera lo que una comunidad puede sostener. La conclusión es menos romántica de lo esperado: la ayuda mutua funciona mientras las personas conservan cierto nivel de autonomía. Cuando aparece dependencia severa, el cuidado necesita profesionalizarse.

El otro problema que nadie menciona al principio es el dinero. En España, mientras la pensión media de un hombre ronda los 1.363 euros, la de las mujeres cae a los 847 euros. Proyectos como Santa Clara, en Málaga, requieren una cuota de entrada de 66.000 euros. En Argentina no existe un marco jurídico específico para cohousing, y la porción legítima hereditaria puede convertirse en un obstáculo: si una socia muere y sus herederos no quieren la parte del proyecto, puede complicar todo. Y el dato que más sorprende a quienes investigan el tema local: en el 90% de los proyectos argentinos de cohousing, el mayor obstáculo no es el dinero ni la arquitectura. Es conformar el grupo humano. La gente quiere el concepto pero no llega a comprometerse.

Los proyectos que sobreviven comparten una lógica que parece obvia y no lo es: la comunidad tiene que existir antes que el inmueble. Si el grupo todavía no aprendió a discutir dinero, privacidad, enfermedad y desacuerdos, el edificio no resuelve nada. Esto es lo que se sabe sobre cómo empezar:

Hace veinte años nos reíamos en la terraza de un bar con amigas y nos sentíamos como en Sex and the City. Ahora miramos con amor la orilla del río y pensamos: ¿y si es acá donde nos venimos a vivir? No es solo una fantasía de sobremesa. Después de la pandemia, muchas nos juramos que nunca aceptaríamos la idea de encierro, horarios fijos y visitas restringidas. Queremos otra cosa: autonomía, alegría y compañía. Y la investigación es clara: los vínculos sociales predicen la salud y la longevidad más que la dieta o el ejercicio. Lo que todavía no tenemos es el marco legal, el financiamiento accesible y la cultura de planificación comunitaria que lo haga posible para más personas que las que pueden permitirse un proyecto privado.

Envejecer con comunidad no puede ser el nuevo lujo.

Mientras tanto, quizás la arquitectura más compleja de todas no sea construir una casa. Sino aprender a imaginar una vida compartida antes de necesitarla desesperadamente.

Gabriela Cerruti es escritora y periodista especializada en nueva longevidad. Autora de La Revolución de las Viejas.