Un grave caso de abuso sexual infantil motivó la apertura de una investigación judicial en Santiago del Estero, luego de que se descubriera que una nena de 12, oriunda de la localidad de El Mojón, se encontraba embarazada. Aparentemente, la menor habría señalado al responsable y se trataría de una persona que estaría fugitiva de la Justicia.

Todo se conoció en las últimas horas, luego de que la menor fuera llevada por su familia hacia el Hospital Regional el jueves pasado. Pese a que recibió una asistencia primaria, los profesionales ordenaron que fuera trasladada hacia el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), ubicado en la capital provincial.

Según informaron allegados, el embarazo tendría aproximadamente 29 semanas de gestación. Tras confirmarse el estado en el que se encuentra la nena, se radicó la denuncia correspondiente. Asimismo, indicaron que la menor pudo declarar ante las autoridades, por lo que habría señalado a un hombre como presunto responsable.

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, Mónica Galván, tía y madrina de la menor, relató que la familia se enteró del embarazo en las últimas horas y afirmó que existen sospechas de que habría sido víctima de abusos durante un período prolongado.

Galván sostuvo que "la persona que denuncia la menor está prófuga" y que, según versiones, el acusado ya habría abandonado la provincia. Por este motivo, las fuerzas de seguridad se encontrarían abocadas a la localización de este individuo, cuya identidad no fue revelada en resguardo de la víctima.

Por otro lado, otros familiares señalaron que la abuela de la nena había manifestado reiteradamente su preocupación por la situación de sus nietas. Aparentemente, la mujer habría realizado presentaciones y pedidos de intervención ante diversos organismos. Sin embargo, no habría obtenido respuestas favorables.

En línea con esta versión, la tía informó que la abuela presentó denuncias contra la madre de la menor embarazada por considerar que tenía conocimiento de hechos que afectaban a la menor. Actualmente, la menor permanecería bajo atención médica.

Mientras la Justicia busca determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos e identificar a los responsables, remarcaron que las actuaciones se desarrollarán bajo estricta reserva por tratarse de una menor de edad.

El caso de la nena de 12 años embarazada de ocho meses, oriunda de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, que había sido trasladada a la clínica Santa María en Villa Ballester sumó nuevas revelaciones tras el allanamiento realizado por la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la Justicia federal estaba centrada en buscar una muestra de ADN que permita esclarecer si el procedimiento fue realizado y determinar el destino del bebé. Durante el operativo, las autoridades analizaron la historia clínica del lugar y hallaron un detalle inquietante entre los documentos.

En el registro analizado, con fecha del viernes 24 de abril, se practicaron tres abortos. Uno de ellos correspondería a la menor santiagueña. La madre, una pensionada de 48 años, acompañó a la niña y declaró ante las autoridades que desconocía si el procedimiento se concretó o si el bebé estaba vivo.

Durante el allanamiento, ordenado por el juez Nicolás Schiavo del Juzgado de Garantías N° 5, se encontraron ocho fetos en bolsas de residuos patógenos. De estos, cinco estaban completamente formados y tres eran embriones. Los cuerpos fueron preservados para su análisis.

Desde la Justicia santiagueña habían remitido un oficio al Juzgado Federal de Tres de Febrero contemplando dos posibilidades: que el aborto se hubiera efectuado, lo que permitiría recolectar ADN del feto para identificar al violador, o que el bebé hubiera nacido vivo y fuera entregado a terceros. En el caso de que se comprobara la segunda línea investigativa, el caso podría ser caratulado como presunta trata de personas.

La situación de la menor permanece incierta, ya que tras el supuesto procedimiento abandonó la clínica y no confirmó si regresó a Santiago del Estero. Sin embargo, se encuentra identificada para los procedimientos judiciales posteriores. Asimismo, la razón por la cual la justicia santiagueña no autorizó el aborto antes del octavo mes de embarazo sigue siendo desconocida para las autoridades bonaerenses.

A la par, el hallazgo de los fetos derivó en una causa por averiguación de ilícito radicada en la UFI N°7 de San Martín, con el objetivo de determinar si los procedimientos realizados en la clínica fueron compatibles con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente.

Por otro lado, la investigación reveló que una ONG porteña con domicilio en Palermo habría estado involucrada en el traslado y alojamiento de la menor y su madre. Fuentes policiales de Santiago del Estero indicaron que la organización, dedicada a la "salud reproductiva", pagó los pasajes y el hospedaje de ambas. La información fue ratificada a Infobae por altas fuentes del caso.

No obstante, la Justicia Federal no tiene previsto citar a los directivos de la organización para declarar. Este medio intentó contactarse con la entidad, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, tampoco se registraron detenidos entre el personal de la clínica Santa María. Todos los presentes durante el allanamiento fueron identificados.