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26 de mayo de 2026

Un auto cayó dentro de un zanjón y un hombre murió en Mendoza: la particular investigación que desencadenó un DNI

La víctima de 51 años había viajado desde Buenos Aires para pasar el fin de semana largo, cayó con su vehículo a un canal aluvional en Godoy Cruz. Qué pasó luego de las pericias

Osvaldo Javier Aguiló Isuani, un ingeniero en sistemas de 51 años radicado en Buenos Aires, murió en la madrugada del sábado tras caer con su auto a un canal aluvional en Godoy Cruz, Mendoza. Había viajado a la provincia para pasar el fin de semana largo.

Eran las 4.24 cuando el sistema 911 recibió el llamado. Un Audi A3 blanco había caído al interior del canal aluvional ubicado en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asís, en Godoy Cruz. Las cámaras del propio 911 registraron la secuencia previa: el rodado circulaba hacia el sur por calle San Francisco de Asís y, al llegar a la rotonda, el conductor perdió el dominio y el auto se precipitó al cauce. Las causas del despiste están bajo investigación.

Efectivos de la Comisaría 27° llegaron al lugar junto con personal de Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Tras descender al canal, constataron el fallecimiento del conductor, cuyo cuerpo se encontraba en el asiento del auto. La víctima fue identificada, en primera instancia, como N.N., un hombre mayor de edad. Pasarían varias horas antes de que su identidad quedara confirmada.

Aguiló —conocido entre sus allegados como "El Oso"— era oriundo de Mendoza pero vivía desde hacía años en Buenos Aires, donde trabajaba como ingeniero en sistemas. El fallecido había viajado a la provincia junto a su novia, Estefanía, para compartir el fin de semana largo con familiares y amigos. Tenía 51 años.

El auto estaba registrado a nombre de su padre. Eso, sumado a que la víctima no llevaba documentación propia visible al momento del hallazgo, demoró la identificación formal.

Recién a las 15.58, la ayudante fiscal dispuso la apertura del vehículo y el rastreo del DNI encontrado en su interior: el mismo estaba a nombre de K.A.M., argentino, 25 años, con dos domicilios registrados, en Godoy Cruz y en Las Heras.

Sin embargo, ese documento no pertenecía a la víctima. Su presencia dentro del Audi siniestrado fue el primer indicio de que el accidente tenía otra arista. Los investigadores también advirtieron que Aguiló tenía los bolsillos revueltos y que faltaba documentación personal. El trabajo conjunto con la Unidad Investigativa de Capital (UID) amplió la pesquisa en la zona.

Personal policial se presentó en ambos domicilios registrados para K.A.M.. En el primero, una mujer de 44 años confirmó que era su tía, pero se negó a aportar datos sobre su paradero, con el argumento de que el joven era conocido por cometer hechos delictivos. En el segundo, la vivienda estaba vacía y los vecinos tampoco colaboraron; además, señalaron que el propietario no tenía auto.

Mientras la investigación avanzaba, ocurrió algo que los propios investigadores no anticipaban: Martínez regresó a la escena del accidente. Al ser interrogado por los efectivos sobre su presencia allí, el joven no logró dar una explicación convincente. Según fuentes policiales citadas por El Sol, solo atinó a decir que había visto a la persona "muerta" y que luego se había retirado. Los efectivos lo dejaron ir, pero la UID intensificó su búsqueda.

A las 17.36, el personal policial lo interceptó en inmediaciones de las calles Santiago del Estero y Santo Tomás de Aquino, cerca de su casa. En la requisa personal le secuestraron una cartera negra con el logo de Audi, una tarjeta SUBE azul y la tarjeta verde del vehículo, ambos elementos identificados como pertenencias de la víctima fatal. También hallaron una autorización de manejo vinculada a familiares de Aguiló.

Con ese material como prueba, la fiscal ordenó la aprehensión inmediata de Martínez y su traslado a la base de Estrada. La causa fue caratulada como averiguación de hurto calamitoso, figura contemplada en el artículo 163, inciso 2° del Código Penal argentino.

Esa norma sanciona a quien se apodera de bienes ajenos aprovechando las facilidades derivadas de un infortunio particular de la víctima. La pena prevista va de uno a seis años de prisión.

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