Un suboficial de la Brigada Motorizada de Rosario de 23 años fue condenado este jueves a tres años de prisión efectiva por cobrar coimas a cambio de favorecer la venta de droga en el barrio Parque Casas al norte de la ciudad, en detrimento de otras bandas rivales.

El acusado es Dylan Ezequiel Pérez, a quien además se le impuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de cuatro millones de pesos. La sentencia fue dictada al mediodía en el Centro de Justicia Penal, cuando el juez Fernando Sosa homologó el acuerdo al que llegaron los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci con la defensa del policía.

El agente fue hallado responsable de falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, omisión de denunciar agravada por ser funcionario público, incumplimiento de deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas y apremios ilegales, según lo informado por Rosario 3.

Según la investigación, el caso tuvo origen en julio de 2024, cuando la vivienda de una reconocida vendedora de droga del barrio (S.A.) recibió un ataque a tiros en Castagnino al 1200. Por orden judicial, la casa quedó bajo custodia policial, una tarea que recayó sobre la Brigada Motorizada. Fue en ese contexto que otro suboficial, J.S., asignado a esa guardia, estableció un vínculo estrecho con la mujer y comenzó a mantener contacto frecuente con ella para obtener beneficios económicos.

De acuerdo al fiscal Socca, Pérez actuó junto a los policías J.S., de 31 años; L.B., de 21; y R.R., de 23 años —en aquel entonces—. El grupo recibía información de la vendedora sobre el movimiento narco en la zona, pero en lugar de utilizarla para avanzar en investigaciones, la aprovechaban para extorsionar a otros actores del mercado ilegal y obtener dinero a cambio de protección o de mirar para otro lado.

Uno de los episodios investigados ocurrió en noviembre del mismo año, cuando los imputados y el ahora condenado interceptaron en la vía pública a dos personas que llevaban armas de fuego, tres cargadores y una caja de municiones. Solo detuvieron a una de ellas, mientras que a la otra, identificada como "Rana" Gusmaroli, la dejaron en libertad tras acordar un pago de dos millones de pesos.

S.A. informó a los agentes que Gusmaroli le había ofrecido armas de fuego. Con esa información, coordinaron un encuentro con él, a quien interceptaron en la zona de Antequera y Fournier el 22 de noviembre. Allí, los policías pactaron la entrega de dinero para no detenerlo. Días después, ante la negativa del hombre de seguir brindando información, uno de los agentes le exigió 20 millones de pesos bajo amenaza de incriminarlo en una causa penal. Tanto la mujer como Gusmaroli terminaron imputados: ella, por cohecho pasivo, y él, además, por portación ilegítima de armas de fuego.

Los episodios continuaron y la banda de oficiales que exigían coimas se fue agrandando. La condena a Pérez se inscribe en una causa más amplia que en marzo de 2025 derivó en la imputación de seis policías de Rosario, entre los que figuraban los mencionados agentes junto a R.F. (27) y M.B. (26). Incluso una médica de la fuerza, identificada como M.R., fue imputada por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado.

Todos estaban vinculados con el cobro de coimas, armado de causas y falso testimonio agravado. En aquel momento, la investigación ya apuntaba a un esquema de corrupción policial en la zona norte de la ciudad, donde agentes de distintas dependencias habrían establecido vínculos con sectores del narcotráfico para obtener beneficios personales a cambio de información, protección o impunidad.