Con el objetivo de resguardar los proyectos bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI), el Ministerio de Seguridad Nacional creó una mesa de coordinación interinstitucional mediante la resolución 461/2026 publicada hoy en Boletín Oficial. La iniciativa busca "fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas".

Oficialmente la Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas se encargará de identificar de forma temprana riesgos criminales, proteger infraestructura crítica y prevenir la infiltración de economías ilícitas en entornos productivos de gran escala. "Que los grandes proyectos de inversión, así como las zonas adyacentes que su ejecución dinamiza desde el punto de vista socioeconómico, pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional o estructuras delictivas complejas que procuren aprovechar tales emprendimientos para la captación de rentas ilícitas, el encubrimiento y reciclaje de flujos financieros de origen ilegal, la provisión de bienes y servicio", aseguran desde el Gobierno.

A través del documento oficial la cartera que conduce Alejandra Monteoliva explicó que "este volumen de inversiones, su distribución geográfica y su carácter estratégico refuerzan la necesidad de adoptar mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana". Se debe a que los grandes proyectos de inversión y las zonas que su ejecución pueden convertirse en objetivos de organizaciones criminales transnacionales que busquen aprovecharlos para el lavado de activos, la corrupción, la extorsión, entre otros tipos de delitos. La resolución adviertió que estas prácticas tienen "potencial capacidad de impactar negativamente la integridad, continuidad y seguridad de los proyectos", así como la estabilidad institucional y social del Estado.

Los datos duros mencionados en las consideraciones del documento indicaron que hacia fines de 2025 el RIGI contaba con "una decena de proyectos de gran envergadura aprobados formalmente, que en conjunto representan compromisos de inversión superiores a los trece mil millones de dólares (USD 13.000.000.000), así como con una cartera de más de 20 proyectos adicionales en distintas etapas de evaluación".

A través del Decreto 105/2026, el gobierno extendió el plazo para adherirse al régimen. Según datos del Ministerio de Economía, el RIGI cuenta con proyectos aprobados y en evaluación en compromisos de inversión, distribuidos en provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

La resolución señaló que esa dispersión geográfica y el volumen de capital involucrado dejan visible la necesidad de mecanismos específicos de coordinación y prevención temprana, que implican "protocolos sectoriales de seguridad, mecanismos de reporte temprano de riesgos y programas de capacitación como herramientas complementarias de la acción estatal para reducir vulnerabilidades".

No obtante, reiteraron los estándares internacionales en materia de integridad y prevención del delito económico, y recuerda que Argentina es contraparte del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la región andina y el Cono Sur.

La nueva mesa estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia del Ministerio, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas y las fuerzas policiales y de seguridad federales. A su vez, podrán ser convocados cuerpos policiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Economíay la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), entre otros organismos.

El Centro Regional y la Unidad Antimafia actuarán como instancias técnicas de análisis de información sobre amenazas criminales vinculadas a las inversiones estratégicas, mientras que la coordinación y convocatoria de las reuniones quedará en manos de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.