La Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos de los integrantes de una banda acusada de extorsionar a Rodrigo Gómez el soldado que se sucidó en diciembre del año pasado en la Quinta de Olivos.

El expediente judicial, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, junto a la DDI de San Isidro, reveló que los sospechosos habrían desarrollado un esquema de captación de víctimas a través de aplicaciones de citas. Utilizando identidades y fotografías falsas, los imputados establecían contacto con hombres y, tras ganarse su confianza, desplegaban una serie de maniobras extorsivas amparadas en amenazas de supuestas denuncias judiciales.

De acuerdo con lo informado por el portal Nuevo Diario Web, la Cámara desestimó este miércoles los planteos de las defensas y confirmó la prisión preventiva para todos los imputados. Las pruebas recolectadas —incluyendo la carta de Gómez, registros de transferencias y comunicaciones electrónicas— resultaron suficientes para sostener la imputación de extorsión agravada y asociación ilícita.

En respuesta al avance judicial, se informó que los acusados permanecerán detenidos mientras continúa el proceso y se ampliarán las indagatorias sobre la posible existencia de más víctimas en situaciones similares. El fallo subraya la gravedad de los hechos y el impacto que la modalidad delictiva tuvo en la vida del soldado, cuyo suicidio fue el desenlace trágico de la maniobra investigada.

Entre los acusados, los investigadores identificaron como presuntos líderes a Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, ambos de 22 años. A ellos se suman otros jóvenes señalados como partícipes activos en la organización, que operaba mediante la distribución de roles bien definidos para dificultar el rastreo del dinero producto de las extorsiones.

La pesquisa judicial se activó a partir de una carta encontrada junto al cuerpo de Rodrigo Gómez. En el texto, el soldado mencionaba conflictos derivados de una interacción en una aplicación de citas, lo que orientó las primeras hipótesis del caso hacia delitos cometidos en entornos virtuales. La carta fue considerada un elemento determinante para la reconstrucción de los hechos, según se informó en la causa.

El análisis del dispositivo de Gómez y del flujo de mensajes permitió a los investigadores reconstruir cómo la banda habría simulado una denuncia por abuso de menores. Posteriormente, los extorsionadores se comunicaron haciéndose pasar por policías y familiares de una supuesta víctima menor de edad, exigiendo transferencias inmediatas de dinero bajo la amenaza de iniciar acciones judiciales.

En relación con la modalidad delictiva, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado explicó que los implicados utilizaban imágenes obtenidas de internet y asumían distintas identidades falsas para generar confianza en sus interlocutores. El objetivo era concretar maniobras de extorsión a partir de situaciones de vulnerabilidad emocional o miedo al escarnio público.

Según la investigación judicial, los acusados creaban perfiles ficticios de mujeres en plataformas de citas con el fin de establecer diálogos con potenciales víctimas. Una vez que lograban entablar una relación virtual, introducían la amenaza de una supuesta denuncia penal para presionar por el pago de sumas de dinero.

Las transferencias exigidas eran dirigidas a cuentas bancarias vinculadas a mujeres relacionadas con la organización, lo que permitía eludir controles y dificultar la trazabilidad del dinero. Posteriormente, los fondos eran redistribuidos entre los miembros del grupo, agregando capas adicionales de anonimato para obstaculizar la labor de los investigadores.