Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado firmaron esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre el país y dos fondos buitre, que implicará un pago total de u$s 171 millones.

Con el despacho que firmaron oficialistas y dialoguistas -se opuso el kirchnerismo-, que ahora debe ir al recinto de la Cámara alta y luego ser sancionado por Diputados, se busca amortiguar un argumento del propio mensaje enviado por el Ejecutivo, que habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio "bajo condiciones financieras significativamente más gravosas".

Momentos antes de finalizar el plenario, el oficialismo dijo que el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, informó de una prórroga hasta el 31 de mayo próximo.

En concreto, el convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 al primero y u$s104 al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de "Entrega contra Pago" (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de "standstill", que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro punto destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que una luz verde derivará la "finalización de la investigación en curso sobre los bienes" del país", es decir, los procesos de "Discovery" relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

"Concluir este tema es extinguir el litigio con los principales acreedores en situación de holdouts", manifestó el libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (Capital Federal). Y agregó: "Es muy importante que, como señal, se le dé dictamen, según lo convenido con las partes".

En tanto, el titular del PRO y de la comisión de Economía Nacional e Inversión, Martín Goerling Lara (Misiones), sostuvo que "es importante dar por terminada una etapa muy mala de la Argentina" y resaltó la eliminación de la "incautación de activos estratégicos".

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) justificó el dictamen de minoría para rechazar lo solicitado por la Casa Rosada. "Observamos que no reduce la magnitud de los efectos institucionales, fiscales y jurídicos. No se trata de un proceso integral transparente, sino de acuerdos negociados individualmente con acreedores litigantes en trato inequitativo", sentenció.

"Cada decisión del Congreso puede generar otros procesos de litigio", advirtió el exgobernador, y auguró que la decisión "debilita la posición negociadora del Estado". El oficialismo le respondió rápido a través del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), que lanzó: "Dato mata relato. Hay sentencia firme desde 2004 y nuestro gobierno lo ha heredado. Nos chocamos con la deuda y nunca es feliz pagar compromisos que no hemos heredado, pero como dijo nuestro Presidente, nos tenemos que hacer cargo y podemos hacerlo, gracias equilibrio fiscal".

Por su parte, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza-Jujuy) expresó: "Estamos mostrando una nueva forma de pensar. Pagamos la deuda, somos confiables y vamos a intentar que bajen el riesgo país y la tasa de interés".

Seguido a ello, Atauche recordó la época de "fragatas embargadas y aviones presidenciales, o el 'discovery' para ver qué hay de Argentina por todos lados, como si fuésemos el típico deudor que no cumple". Minutos más tarde, el cristinista Martín Soria (Río Negro), aseveró: "Ingresó -el proyecto- el 17 de abril, a las apuradas. ¿Por qué liquidarlo sin debate y sin datos?".

El final de la discusión quedó para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. "Si todas las veces que votó el Congreso restructuraciones fue por unanimidad, ¿por qué no lo votan?", preguntó. No olvidó de replicar a Soria, sobre quien observó que "miente todo el tiempo" y cuenta siempre "la historia incompleta".