El Gobierno nacional aprobó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, reforzando el marco regulatorio que se aplica para afrontar situaciones de este nivel que se registren en todo el territorio nacional. Según se desprende del informe, el 60% de los hechos registrados son inundaciones.

El programa se oficializó, mediante la publicación resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial. Esta medida busca fortalecer la coordinación frente a eventos que amenacen la seguridad y el bienestar de la población.

El nuevo plan fue presentado el 7 de agosto de 2025 en la reunión del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, órgano que centraliza la toma de decisiones en esta materia.

La elaboración del programa surge de un proceso de articulación institucional. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil fue la responsable de proponer el documento. El texto fue sometido a revisión y obtuvo el respaldo de los organismos competentes, incluida la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad.

La normativa que respalda la creación y funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) define como prioridad la integración de acciones entre el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

De esta manera, el programa actualizado establece los lineamientos estratégicos que regirán la acción pública frente a fenómenos naturales y antrópicos. Su propósito es anticipar, mitigar y gestionar los efectos de desastres, promoviendo la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

De acuerdo al anexo publicado en la norma, el diagnóstico inicial del PNRRD 2025-2029 identifica la diversidad de amenazas que enfrenta el territorio argentino, desde terremotos y erupciones volcánicas hasta inundaciones, sequías, incendios y riesgos tecnológicos.

En este contexto, el informe señala que el 60% de los desastres registrados en el país son inundaciones, responsables del 95% de las pérdidas económicas y personas afectadas, según datos del Banco Mundial y la CEPAL. Las regiones del Noreste (NEA), Noroeste (NOA), Centro y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han sido especialmente golpeadas por eventos hidrometeorológicos extremos.

En materia de amenazas geodinámicas, Argentina cuenta con 39 volcanes activos o potencialmente activos y una alta exposición a sismos, en especial en Cuyo y el NOA, donde la memoria colectiva recuerda la destrucción de San Juan en 1944. Las amenazas tecnológicas, vinculadas principalmente al transporte y manejo de materiales peligrosos, instalaciones industriales y nucleares, representan riesgos crecientes para las zonas urbanas y rurales próximas a estos centros.

En este contexto, subrayaron la importancia de la comunicación y la educación como instrumentos clave para la prevención y la respuesta ante desastres, así como el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y la atención específica a los grupos en situación de vulnerabilidad.

A su vez, se crearán comisiones científicas y técnicas permanentes, encargadas de asesorar y actualizar los contenidos y metodologías. Estas comisiones trabajan en la elaboración de diagnósticos, la evaluación del cumplimiento de metas y la transferencia de lecciones aprendidas del plan anterior. La metodología de trabajo incorpora la participación ciudadana y la revisión permanente de los organismos involucrados, ajustando las acciones a los nuevos lineamientos institucionales y a la optimización de recursos públicos.

El documento detalla los objetivos y acciones para cada uno de los diez ejes temáticos, con propuestas federales específicas orientadas a la territorialización de la gestión del riesgo:

El plan también prevé simulacros, ejercicios y talleres en todo el país, así como la actualización permanente de los mapas de riesgo y la coordinación con organismos internacionales.

En cuanto al financiamiento, la Ley Nº 27.287 establece el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR) como principal instrumento para costear proyectos de prevención y mitigación. Los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación y se destinan exclusivamente a proyectos presentados por las jurisdicciones adheridas al SINAGIR. El seguimiento y la evaluación del PNRRD están a cargo de la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, con informes de avance previstos a mitad y fin del período.