El Departamento Judicial La Matanza llevó adelante el mayor operativo contra la distribución digital de material de abuso sexual infantil en su jurisdicción, tras una investigación surgida de reportes internacionales. La acción, denominada "Nueva Era V", culminó con la detención de cinco sospechosos y la identificación de 16 imputados adicionales, incluyendo tres menores de edad, en una extensa serie de procedimientos simultáneos.

Las autoridades dispusieron 32 órdenes de allanamiento coordinadas en González Catán, La Tablada, Aldo Bonzi, Virrey del Pino, Lomas del Mirador, Rafael Castillo, Ramos Mejía, Isidro Casanova, San Justo, Gregorio de Laferrere, Villa Celina y Villa Luzuriaga, abarcando todo el partido de La Matanza.

Las tareas las hizo el personal de cibercrimen y de trata de personas de la Policía Bonaerense.

Entre los domicilios allanados, uno correspondía a un policía que inicialmente figuraba vinculado por un número telefónico hallado en la pesquisa.

Sin embargo, la revisión de sus dispositivos y el rastreo de la cuenta de Instagram señalada resultaron negativos: ni en su aparato ni en ningún otro se hallaron rastros de la actividad investigada.

Las primeras pistas contra el uniformado se vincularon con el uso de su número en videojuegos online, donde, según la investigación, "habría sido filtrado por sus hermanos menores de edad", lo que llevó finalmente a descartar su implicación y su imputación formal.

Los operativos, difundidos en las últimas horas, fueron ejecutados el 18 de febrero pasado bajo la supervisión de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli y con intervención de seis jueces de garantías.

La pesquisa se originó a partir de comunicaciones del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) que advirtieron sobre la existencia de usuarios que compartían y distribuían material de abuso sexual infantil de forma masiva desde territorio argentino.

Los informes estadounidenses permitieron construir un mapa detallado de contactos, actividades y domicilios de sospechosos, lo que dio lugar a la realización de tareas de campo y de análisis digital por parte de especialistas en delitos informáticos.

Un hallazgo clave del procedimiento fue la incautación de 46 teléfonos celulares, 12 computadoras, una tablet, nueve dispositivos de almacenamiento, un chaleco antibalas sin numeración y juguetes sexuales, junto a revistas temáticas, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar su vínculo con la maniobra criminal.

Durante los allanamientos, los equipos interdisciplinarios lograron identificar al menos dos menores víctimas de explotación sexual, con una tercera en proceso de reconocimiento, dando curso a procedimientos de contención y protección de las niñas y niños afectados.

De acuerdo con la información, las maniobras incluían producción, almacenamiento, comercialización y distribución de "material de abuso sexual infantil", con ramificaciones tanto dentro del país como en el extranjero.

Los investigadores identificaron la existencia de vínculos operativos con individuos radicados fuera de Argentina, lo que supone la actuación de redes transnacionales dedicadas a la explotación digital de menores.

Según el comunicado policial, "el presente operativo constituye un importante avance (...) permitiendo desarticular estructuras delictivas, identificar autores y avanzar en la protección de las víctimas". La política de persecución adoptada se inscribe en una línea de acción de delitos complejos y resguardo de los derechos de la infancia.