Luego, el texto detalla que “se recordó además la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas y el Decreto 415/06, reglamentario de la Ley N° 26.061, así como el Decreto 1086/24, que incorporó disposiciones relativas a la libertad de pensamiento y actuación de los niños y establece que la imposición de una manera de pensar político-partidaria en el ámbito educativo vulnera su dignidad, su integridad personal y sus derechos a la educación y la libertad >“En función de las competencias asignadas por la Ley de Educación Nacional, la Secretaría solicitó que se informe si se inició una investigación para esclarecer los hechos; qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades; con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario; si existieron denuncias similares; y qué protocolos se aplican o aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos”, concluye lo difundido por el Ministerio de Capital Humano.