“La petición formulada consistente en requerir a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (que) evalúen el traslado e ingreso del interno Airaldi al ´Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo´ se revela como la más adecuada para gestionar y dar respuesta a la situación planteada”, consideró el TOF.

Se lo juzgará como presunto autor del delito de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico y por almacenamiento de estupefacientes. La primera causa es del 2019 y surgió en la capital entrerriana. La segunda es del 2024 como resultado de un allanamiento en Puerto Gaboto, Santa Fe.

El pedido fiscal de Rebollo acentuó la “peligrosidad del detenido en virtud de sus contactos extra e intramuros, sumado a sus recursos económicos”. En ese sentido, señaló que durante el allanamiento en la UP 9 realizado el día pasado 20 de febrero se pudo corroborar que Airaldi “es un interno de máxima peligrosidad”. Por ello consideró “en consonancia con el jefe de la UP 9 que debería encontrarse en el régimen” para detenidos de alto riesgo.

Además, puntualizó que nueva información obtenida de declaraciones recibidas en la causa por el presunto atentado dieron cuenta de que “Airaldi contaría aún con un teléfono celular en su lugar de detención”.

Otro factor esgrimido fue la necesidad de “resguardar la integridad de los testigos que declararon en la investigación en curso”. Se trata de los que revelaron el plan criminal. Uno de ellos es otro capo narco: Daniel «Tavi» Celis. A él lo trasladaron a la UP 1 de la capital entrerriana.

Noemí Berros, Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello componen el TOF de Paraná. Airaldi está a disposición de este cuerpo, que es el que entiende en las causas por narcotráfico en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el fiscal José Ignacio Candioti no se bajará del proceso y encabezará la acusación contra el capo narco. El funcionario judicial es uno de los que Airaldi querría eliminar a través de un sicario uruguayo. Habría pagado USD 40 mil para ejecutar la operación.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal rechazó el habeas corpus presentado por la defensora de Airaldi, Marina Barbitta. La letrada había requerido saber dónde está en la actualidad su pupilo y, además, buscó evitar su eventual traslado a Ezeiza. El argumento que esgrimió es que sería un “agravamiento de sus condiciones de detención”. Asimismo, planteó que le impediría ejercer de forma debida el derecho a defensa.

La defensora del capo narco se encuentra en esa ciudad entrerriana desde el lunes. Tardó 48 horas en poder ver el expediente que, aún, tiene la carátula “N.N. s/ A determinar”. En la tarde del martes estaba previsto que se encontrara con su cliente. En conversaciones previas, su pupilo le informó que en los allanamientos le habían sacado carpetas con documentación de las causas en su contra y escritos personales.

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