La denuncia sostiene que este contenido no es educativo, sino un llamado directo al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación.

La preocupación oficial es que la difusión de este material, junto con otras publicaciones del perfil que postulan “el boxeo popular como resistencia para el asedio” y promueven la “lucha activa”, sean en realidad instrucciones tácticas para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

Según el Ministerio, este accionar podría encuadrarse dentro del delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal de la Nación Argentina, considerando los artículos 184 y 237 del mismo código.

La denuncia elevada ante la Justicia federal exige la apertura inmediata de una investigación, el seguimiento digital del perfil y la identificación de las personas responsables, con la posibilidad de que se los vincule a otras figuras penales vinculadas con la organización ilícita.

Como prueba se acompañó el archivo con el video publicado por “Pedagogía para la acción”. El Ministerio fundamenta la presentación en la urgencia de frenar la escalada de contenidos digitales empleados para planificar sabotajes y ataques durante episodios de protesta.