De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, se trata de adolescentes que consumen propaganda yihadista ya sea de ISIS, el Estado Islámico y/o de Al Qaeda.

El caso surgió tras una alerta enviada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), bajo la conducción del fiscal general Horacio Azzolin.

El reporte remitido por la agencia estadounidense advirtió sobre posibles conversaciones mantenidas en una red social, en las que los usuarios hacían referencia explícita a la organización de un ataque armado en una escuela y mencionaban la comisión de una “masacre”, junto con discursos de odio dirigidos hacia distintos grupos sociales y religiosos.

La fiscal Mazzaferri solicitó autorización judicial para llevar a cabo los procedimientos y requirió la intervención de la Asesoría de Menores a fin de garantizar la protección integral de los derechos de los jóvenes, quienes no son punibles según la legislación vigente por no haber alcanzado los 16 años al momento de los hechos.

Según el análisis efectuado por la Unidad Fiscal, las conversaciones interceptadas incluyeron menciones directas a la adquisición de armas, prácticas de tiro y la identificación con autores de hechos de violencia escolar ocurridos en Estados Unidos en 1999.

Durante los allanamientos, los efectivos del DUIA secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que ahora son peritados por especialistas en delitos informáticos. El objetivo es reconstruir el circuito de comunicaciones, identificar posibles contactos internacionales y determinar si existió un proceso sistemático de adoctrinamiento dirigido a los menores.