Su familia denunció que las autoridades llegaron a amenazarle con la ejecución, aunque el poder judicial iraní desmintió posteriormente que existiera una condena a muerte. La judicatura iraní precisó que los cargos presentados contra él —“colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”— contemplan penas de prisión, no la pena capital, y que el caso aún se encuentra en fase de investigación.

Las fuerzas de seguridad respondieron con una represión calificada por observadores como la más letal desde la fundación de la República Islámica en 1979. El Gobierno de Irán ha reconocido más de 3.000 muertes durante los disturbios y sostiene que la mayoría corresponde a miembros de los cuerpos de seguridad y transeúntes, atribuyendo la violencia a “actos terroristas”. Por su parte, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 6.713 muertes, en su mayoría manifestantes, y más de 10.000 detenciones desde el inicio de la crisis.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado la opacidad del proceso judicial en Irán, señalando que a Soltani se le negó acceso a un abogado independiente y que su proceso fue sumamente acelerado. A diferencia de protestas anteriores como las de 2022, el actual movimiento ha unido a comerciantes tradicionales y jóvenes trabajadores, impulsados tanto por la crisis económica como por el reclamo de libertades políticas.