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29 de enero de 2026

Un empresario denunciado por Claudio Tapia negó tener nexo con el negocio de las fotomultas

Se trata de Leandro Camani, quien fue mencionado por el presidente de la AFA en su denuncia por extorsión contra los dirigentes de la Coalición Cívica, Matías Yofre y Facundo Del Gaiso

>El empresario Leandro Camani presentó este lunes un escrito ante el Juzgado de Garantías de San Isidro en donde negó de forma contundente sus vínculos con el negocio de las fotomultas que fue denunciado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Asimismo, también desconoció los vínculos con los dos dirigentes de la Coalición Cívica que también fueron involucrados en la presentación, El titular de la Asociación del Fútbol Argentino presentó este lunes un escrito de 20 páginas en el que expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una represalia por haber Según ese escrito, Tapia acusa a Camani de pretender obtener beneficios económicos para la autorización de equipos de fotomultas en la autopista Camino del Buen Ayre, y de haber recurrido incluso a amenazas y operaciones mediáticas. Justamente, en la presentación que realizó hoy, Camani niega todos los cargos y apunta a que no existe ni una sola prueba concreta que lo relacione con esas acusaciones.

Según el escrito, Camani había requerido oficialmente que se le permitiera instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE. Para Tapia, autorizar el negocio significaba manejar un flujo de fondos estatal de alto impacto. Frente a este pedido, respondió con una negativa total. “Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes, manteniendo una decisión firme”, planteó.

Debido a esto, en el primer párrafo de su presentación del escrito que supera apenas las 20 páginas, el empresario fue rotundo: “No he mantenido jamás relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el Sr. Tapia, ni de manera directa ni a través de intermediarios”. Asimismo, reforzó su posición con una explicación sobre la competencia del CEAMSE, el organismo que Tapia preside. Sostuvo que esa entidad no autoriza la colocación de radares o cámaras, sino que las decisiones corresponden a los municipios o al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

El planteo de Camani gira en torno a dos ejes centrales. Por un lado, desmiente cualquier vínculo con supuestas presiones para favorecer la colocación de equipos o la obtención de negocios a través de gestiones administrativas sospechosas. Por otro, remarca que su única relación con los otros nombrados en el expediente —en particular, Matías Yofe— se limita a la presentación de denuncias formales ante la Justicia sobre presuntos hechos de corrupción en el Ministerio de Transporte provincial.

“Mi única vinculación con el Sr. Matías Yofe se circunscribe a las denuncias de hechos de corrupción que he promovido y/o impulsado - tanto en el fuero provincial como en el federal - en mi carácter de representante de SECUTRANS S.A. y Al analizar la denuncia de Tapia, el empresario detalla que las acusaciones se apoyan en una narración sin datos, fechas, testigos ni comunicaciones concretas. “El CEAMSE no tiene ninguna injerencia en la autorización de equipos de fotomultas, atento a que es el Ministerio de Transporte bonaerense quien autoriza la colocación de equipos en tramos seleccionados”, explicó.

El escrito señala además que las cámaras en el Camino del Buen Ayre ya existían por disposiciones firmadas tiempo antes. Camani plantea que resultaría absurdo pedirle a Tapia lo que ni siquiera puede autorizar. Esta línea refuerza el pedido de la defensa para que el expediente sea examinado por el fuero judicial realmente competente.

En tanto, la defensa del empresario aportó medidas de prueba para la investigación. Primero, ofrece toda la documentación oficial que demuestra que el Ministerio de Transporte ya aprobó la colocación de equipos en el Camino del Buen Ayre. Segundo, pidió que se cite a careo (confrontación directa en sede judicial) a Tapia y a él mismo, para esclarecer los hechos en persona, si es que el fiscal o el juez advierten contradicciones. Por último, sugiere la declaración de funcionarios que autorizaron los equipos, para dejar asentado que ninguno depende del CEAMSE.

Por último, el empresario se reserva el derecho de demandar por calumnias o falso testimonio en caso de que se mantengan acusaciones sin respaldo real. Pide ser informado y presente en cualquier pericia que se ordene, para garantizar su defensa.

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