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20 de enero de 2026

El Gobierno oficializó la inclusión de la Fuerza Quds en la lista de entidades terroristas

Lo hizo a través de una resolución firmada por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

>A través de una resolución conjunta publicada en Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la inscripción de la La normativa, firmada por la cartera de Seguridad Nacional y la Cancillería Argentina, fundamentó la decisión en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el país y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y represión del terrorismo y su financiación, según consta en la normativa 1/2026.

La medida se apoya en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la legislación nacional vigente.

A su vez, destacaron el rol de Ahmad Vahidi en la organización terrorista; de hecho, estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según el texto, Vahidi está vinculado al atentado contra la AMIA y registra una notificación de alerta roja emitida por INTERPOL. El documento señaló que las autoridades iraníes no han facilitado su enjuiciamiento y, por el contrario, lo promovieron al cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Gobierno confirmó que Vahidi ya se encuentra inscripto en el RePET.

En cuanto a la resolución emitida durante la madrugada de este martes, desde el Gobierno que el país “se ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional” y a establecer un régimen jurídico y administrativo para erradicar la financiación del terrorismo.

La normativa nacional establece agravantes para los delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades a actuar de determinada manera, tal como lo habían adelantado en el comunicado. “Sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, además de resguardar al sistema financiero argentino, según anticiparon.

A través de la resolución, encomendaron al Ministerio de Justicia que avance con la correspondiente inscripción en el RePET, que fue creado para “brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento, y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.

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