Según el fiscal, la continuidad federal responde a razones técnicas y de política criminal: Camino fue condenado como integrante de una estructura dedicada al narcotráfico y su custodia está regulada por el Régimen de Alto Riesgo del Sistema SIGPPLAR—administrado sólo por el SPF según la Resolución Ministerial N° 35/2024—. Sostuvo que asignar el control a la jurisdicción provincial sería “material y funcionalmente inapropiado”, dado que no tiene competencia real sobre el ámbito penitenciario federal. En su presentación, insistió: “se garantizaría un tratamiento legal acorde a los estándares técnicos requeridos en casos de alto perfil y un seguimiento especializado”.

El fallo de Casación, que lleva la firma de los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, analiza la doctrina de la Corte Suprema sobre la unificación de sentencias cuando hay condenas en fueros distintos. El eje doctrinario remite al criterio de que quien dicta la última sentencia debe integrar las penas, aunque hace excepción por el perfil del caso de Camino.

Remarcó que concentrar los legajos de todos los condenados por la organización ante un único tribunal resulta fundamental “a fin de garantizar la observancia y tutela de los derechos y garantías que amparan a las personas condenadas”.

Por su parte, el juez Carlos Mahiques subrayó: “la unificación peticionada y el control de la ejecución penal exorbitan la jurisdicción provincial” y ponderó tanto la naturaleza federal de los delitos como la situación particular del condenado.

Finalmente, los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal hicieron lugar unánimemente al recurso fiscal, anularon la resolución que ordenaba el pase de la ejecución al fuero provincial y remitieron las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a los lineamientos fijados.