>La Justicia de Salta ratificó este 16 de diciembre la condena contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, por delitos de corrupción. Pese a la sentencia en su contra, Gonza compitió en las elecciones provinciales realizadas en el mes de mayo y obtuvo una banca en el Concejo Deliberante sanlorenceño. Su defensa apeló el fallo adverso, lo que le dio tiempo para asumir su banca. Sin embargo, la resolución de la sala IV del Tribunal de Impugnación dejó firme la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, incluso si fueran obtenidos a través del voto popular.

La audiencia definitiva se celebró en la Sala IV del Tribunal de Impugnación, como estaba estipulado por la Oficina Judicial. La condena no implicará cárcel efectiva, sino prisión condicional. No obstante, las restricciones impuestas ordenaron prohibirle de por vida ocupar cualquier función pública, además de privarlo del derecho electoral y del acceso a prestaciones previsionales.

El pasado 10 de diciembre se celebró la sesión preparatoria en el Concejo Deliberante de San Lorenzo, una localidad ubicada a 9 kilómetros de la capital de la provincia. Allí Gonza no sólo asumió su banca si no que presidió la sesión, en medio de cuestionamientos de la oposición por la situación judicial del ex intendente.

El proceso judicial que culminó en la condena arrancó con una denuncia presentada ante los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Araníbar, quienes el 12 de diciembre de 2022 consideraron a Gonza responsable de fraude en tentativa en dos hechos y de peculado de trabajos y servicios. En ese momento, se dictaron tres años de prisión en suspenso junto a la inhabilitación, además de reglas de conducta. Simultáneamente, Sergio Armando, funcionario municipal durante la misma gestión, recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional y reglas de conducta, por los mismos delitos, aunque en calidad de partícipe necesario.

La resolución de segunda instancia revocó el fallo original y declaró la responsabilidad penal definitiva del exintendente y del exfuncionario, abriendo camino a una nueva audiencia de imposición de pena donde se analizaron las circunstancias agravantes. Para Gonza, finalmente se dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para todo cargo público, prohibiéndole además ejercer derechos electorales y acceder a cualquier empleo estatal, además de la condena de prisión condicional.