El organismo señaló además que Arce puede recibir visitas en los horarios establecidos para el resto de los internos y que tiene garantizado el acceso a su defensa legal en cualquier momento que lo requiera, sin restricciones adicionales por su condición de expresidente.

El comunicado atribuye la situación judicial del ex mandatario a una “persecución política” y sostiene que se ha vulnerado el debido proceso. Arce, que dejó la Presidencia el pasado 8 de noviembre, ha reiterado públicamente que es “absolutamente inocente” y que su encarcelamiento responde a motivaciones políticas.

El actual Gobierno de Rodrigo Paz rechazó el fin de semana que el caso tenga un trasfondo político, luego de que Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresaran su respaldo al ex mandatario y cuestionaran su detención. El Ejecutivo boliviano defendió la actuación de la justicia ordinaria y negó cualquier injerencia política en el proceso.

La Fiscalía, sin embargo, ha insistido en que las acciones investigadas corresponden a la etapa en la que Arce se desempeñaba como ministro y no como jefe de Estado, por lo que —según el Ministerio Público— el proceso debe seguir en la vía ordinaria. La decisión judicial sobre este punto marcará el curso del caso y el alcance político de un proceso que ya ha tensado el escenario interno boliviano.