>El Gobierno nacional remitió este lunes al Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una acción que fue confirmada por la Oficina del Presidente a través de un mensaje difundido en la red social X. En el comunicado oficial, el Ejecutivo afirmó que la propuesta busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. El texto presentado destaca la intención de superar las “graves falencias interpretativas” que, según las autoridades, generaron inseguridad jurídica e inmovilizaron inversiones productivas en sectores estratégicos como la minería.

La nueva propuesta, de acuerdo al comunicado, tiene como fundamento los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la obligación de preservar el ambiente sin menoscabar el desarrollo humano y reconocen la titularidad provincial sobre los recursos naturales. Además, el Ejecutivo convocó al Poder Legislativo a garantizar la participación ciudadana durante el debate parlamentario y solicitó un tratamiento “pronto”, sosteniendo que se trata de una reforma clave para habilitar el crecimiento productivo y el desarrollo económico.

La Argentina cuenta con cuatro de los doce mayores proyectos de cobre greenfield del mundo, inversión potencial que podría ascender a USD 30.000 millones. Sin embargo, la ausencia de criterios científicos claros sobre qué zonas deben ser estrictamente protegidas ha dejado a esos emprendimientos en un estado de indefinición.

El Gobierno nacional también justificó la reforma como respuesta a los acuerdos de la Mesa del Litio —integrada por Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —conformada por Mendoza y San Juan—, así como a compromisos asumidos en el denominado “Pacto de Mayo”, una hoja de ruta orientada a un modelo de desarrollo federal y sostenible. En el entorno técnico, tanto empresarios como expertos se pronunciaron en favor de un marco normativo exhaustivo y consensuado.

El debate también involucra definiciones de fondo acerca del alcance de los presupuestos mínimos ambientales y la autoridad de aplicación. En esa línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) propuso otorgar mayor potestad a los gobiernos provinciales para precisar en qué áreas avanzar con operaciones extractivas. A su vez, en 2019 la Corte Suprema de Justicia instó a la Nación y las provincias a llegar a un “acuerdo federal” para destrabar la aplicación de la Ley de Glaciares y su compatibilidad con el derecho provincial a explotar recursos del subsuelo.