11 de diciembre de 2025
El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de �??facción criminal�?�
La propuesta, que ahora regresa a la Cámara de Diputados para su ratificación, fue impulsada por el presidente Lula da Silva y endurecida por partidos de derecha durante su tramitación
>El Senado brasileño dio luz verde el miércoles a una nueva legislación para endurecer el combate al crimen organizado, tras el megaoperativo llevado a cabo en octubre contra el Comando Vermelho (CV) en RÃo de Janeiro.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado —luego de haber pasado por la Cámara de Diputados en noviembre— y ahora deberá regresar a la Cámara Baja para el aval de los últimos cambios antes de pasar a sanción presidencial.
El CV y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son las dos bandas criminales más influyentes en Brasil, actuando en puntos clave del paÃs y con presencia regional; controlan actividades ilegales y también inciden en la vida cotidiana de comunidades enteras, incluyendo transporte, comercio e incluso servicios públicos en las favelas.
La nueva legislación fue bien recibida por los sectores más duros de la polÃtica, pero generó rechazo en organizaciones de derechos humanos y entre aliados del propio Lula, quien llegó a calificar de “matanza†la operación en RÃo. El texto final dejó fuera la aspiración del Partido Liberal —la fuerza del ex presidente Jair Bolsonaro— de equiparar jurÃdicamente a las facciones criminales con grupos “terroristasâ€, una calificación que habrÃa avalado el uso de armamento más pesado en su contra.Lula presentó el proyecto al Congreso en un intento de responder a las crÃticas que acusan a su gobierno de una polÃtica insuficiente en materia de seguridad. El debate parlamentario estuvo marcado por tensiones entre las distintas bancadas, en un contexto de fuerte presión social bajo la sombra de las organizaciones criminales.A su vez, el Senado también aprobó una enmienda constitucional que restringe el derecho de los pueblos indÃgenas a reclamar tierras ancestrales, limitándolo únicamente a aquellas que ocupaban en octubre de 1988, momento en que se promulgó la Constitución vigente.
Conocida como “marco temporalâ€, la medida fue respaldada por 52 senadores, con 15 votos en contra y una abstención. Tras esta votación, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, mientras la Corte Suprema también se alista para abordar el tema.La aprobación de la enmienda tiene implicancias directas para la demarcación de tierras y los derechos de las comunidades originarias, generando preocupación y controversia social y polÃtica. Según la reforma, solo se podrán reconocer como tierras indÃgenas aquellas que estuvieran efectivamente ocupadas por comunidades originarias en octubre de 1988, dejando fuera del proceso de regularización territorial los reclamos sobre tierras no habitadas por pueblos indÃgenas en esa fecha.
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