La fiscal Russi mencionó en su requerimiento dos evaluaciones realizadas en el caso por especialistas en violencia de género en las que quedó asentada la reticencia de la víctima en denunciar o instar la acción penal contra el imputado.

A su vez, la víctima fue evaluada por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su informe interdisciplinario destacaron que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”, y concluyeron que la problemática en la que se encuentra inmersa se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”. A su vez, valoraron su situación como “de riesgo alto”, entre otros motivos, debido a “la sobreadaptación”, “el escaso registro de las situaciones atravesadas” y “las características atribuidas a la persona denunciada”.

En relación al elemento normativo del tipo penal bajo análisis, la fiscal señaló que “el concepto de ‘violencia de género’ debe ser precisado y delimitado mediante los preceptos de los instrumentos internacionales que le han dado origen”.