En su comunicado, las autoridades judiciales sostuvieron que Gil usó sus cargos para obtener beneficios personales mediante sobornos y pagos de firmas extranjeras. También señalaron que el ex ministro habría influido sobre otros funcionarios para legalizar la adquisición de bienes y manipular documentación oficial. La nota añadió que sus acciones “engañaron a la dirección del país y al pueblo”, generando perjuicios económicos y comprometiendo información clasificada.