La fiscalización integral —apoyada en tecnología, controles diarios y una app de registro nominal de beneficiarios— confirmó la existencia de comedores que no entregaban comida, no permitían el ingreso de inspectores o directamente no existían en la dirección declarada.

Para el gobierno porteño, en cabeza de Jorge Macri, “este modelo, que combina control, digitalización y condicionalidades claras, permitió por primera vez una fiscalización completa de más de 500 comedores de la Ciudad, con controles diarios tanto a los espacios como a las empresas proveedoras. La implementación de una nueva App para registrar beneficiarios, identificar necesidades específicas y reportar irregularidades en tiempo real marcó un cambio profundo: cada ración queda trazada, cada persona queda identificada y cada peso puede seguirse en todo el proceso”, explicó.

Consultado por este medio, Jorge Macri, opinó que “que el objetivo central es garantizar asistencia real sin permitir el retorno de mecanismos de intermediación política”. En sus palabras esto es:

- “Mejoramos el sistema porque nadie que lo necesite se va a quedar sin su plato de comida”.

- “Ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer sus negocios”.

Según la evaluación oficial, esos más de 100 comedores comunitarios siguen asistiendo a sus comunidades con normalidad, incorporando el sistema digital de registro diario que será obligatorio desde enero de 2026.

De ese total, 130.000 reciben su comida a través de comedores, y 100.000 son beneficiarios de la transferencia directa Ciudadanía Porteña.

Según el informe, el programa Buepp ya superó las 5.000 descargas, BOTI recibió más de 20.000 consultas desde julio y la red de comercios habilitados ya supera los 2.100 puntos de venta.

Además, subrayó la importancia de un modelo que ponga a la persona en el centro. “Los problemas que atraviesan los vecinos y vecinas de la Ciudad son multidimensionales: nadie en situación vulnerable tiene solo un déficit alimentario. Conocer a las personas y conectarlas con lo que necesitan es acompañarlas en serio”.

El operativo de validación de comedores comunitarios y populares incluyó inspecciones reiteradas, entrevistas con vecinos y seguimiento presencial durante varios días. Los equipos constataron diferentes situaciones:

-Domicilios donde nadie conocía actividad vinculada a un comedor.

-Comedores declarados que no registraban retiro de viandas en ningún momento de la semana.

La suspensión inmediata de 5.000 raciones no justificadas permitió redireccionar recursos hacia los beneficiarios reales.

-Trazabilidad completa de cada ración.

-Eliminación de la intermediación política.

-Fiscalización diaria tanto de comedores como de proveedores.

Desde el Ministerio resume el objetivo de estas medidas como “una política alimentaria justa, directa y seria, que cuide los recursos de todos y acompañe de verdad a cada familia”.

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