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28 de noviembre de 2025

La Sociedad Rural apuntó contra la Unión Europea por una medida que afecta las exportaciones argentinas

La entidad hizo referencia a la exigencia que algunos productos de exportación sean libres de deforestación y degradación forestal para poder comercializarse

>La reciente decisión del Parlamento Europeo de extender el plazo para la entrada en vigor de la normativa 1115/2023 generó malestar en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que reclama una revisión de los criterios y exigencias impuestos por la Unión Europea (UE) a los productos agrícolas y forestales.

Además, exige que estos productos hayan sido elaborados conforme a la legislación del país de origen y cuenten con una declaración de diligencia debida.

En respuesta a la prórroga, la Sociedad Rural Argentina manifestó que resulta imprescindible que la UE reconsidere el alcance de la normativa, permitiendo que cada nación gestione sus recursos naturales como lo ha hecho históricamente.

La entidad también solicitó una revisión de las categorías de riesgo asignadas, recordando que Argentina fue clasificada como país de “Riesgo Bajo” y, por tanto, solo debería estar obligada a combatir la deforestación ilegal.

En palabras de la entidad: “Debe ser eliminada la obligación de ‘Diligencia Debida’ como requisito, ya que de lo contrario esto conlleva a las cadenas de abastecimiento a tener sobrecostos que indefectiblemente llevarán a aumento de precios a los consumidores europeos y generarán inflación en alimentos”.

También, subrayó los esfuerzos realizados para demostrar la capacidad de Argentina de cumplir con todas las exigencias, aunque insistió en la necesidad de que la implementación sea transparente y sencilla.

Según la SRA, “las dilaciones y falta de certidumbre no ayudan al comercio y a las relaciones institucionales entre la Unión Europea y la Argentina”.

El texto aprobado recibió 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, y otorga a las empresas un año adicional para adaptarse a las nuevas reglas.

El Parlamento explicó que “los nuevos plazos tratan de garantizar una adaptación fluida y el refuerzo del sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar declaraciones de diligencia debida electrónicas”.

El principal promotor de que la rúbrica se realice antes de que finalice el año es el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien inicialmente buscaba que se firmara el mismo día en que se celebraría la cumbre de jefes de Estado del Mercosur —bloque del cual es presidente pro tempore— en Foz de Iguazú.

Sus beneficios impulsarían las exportaciones de los sectores agroindustriales, energéticos y mineros del Mercosur, mientras que la UE obtendría seguridad de abastecimiento de alimentos, energía y minerales críticos, además de una mayor presencia en América Latina.

Todavía persisten tensiones, entre ellas la preocupación de algunos sectores europeos por el impacto ambiental de las exportaciones regionales. De concretarse, la implementación del acuerdo facilitará la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la mejora de la cooperación económica entre ambas regiones.

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