Actualmente, el salario mínimo es de 322.200 pesos mensuales, monto que permanece congelado desde agosto. Para los trabajadores jornalizados, el valor mínimo es de 1610 pesos por hora.

La convocatoria oficial se desarrollará en un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo y de reclamos de los sectores sindicales y sociales, como la UTEP, para recomponer los ingresos.

A este reclamo las organizaciones populares suman otros pedidos: un bono de fin de año, actualización de programas sociales, y reconocimiento real del trabajo socio-comunitario.

“Nuestro trabajo vale”, es una de las consignas fuerza de la protesta del miércoles, prevista para las 11 de la mañana en Leandro N Alem 650 se inscribe en una escalada creciente de movilizaciones: la UTEP —que agrupa a feriantes, cooperativistas, quienes trabajan en comedores, merenderos y espacios de cuidado— junto a organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, exige un salario mínimo que no solo sea legal, sino suficiente para sostener una familia.

Los líderes sociales y gremiales que organizan las protesta exigen que el SMVyM iguale la canasta básica total para una familia. Esa demanda se basa en datos recientes del INDEC, que estiman la CBT por encima de $1.200.000, lo que evidencia una brecha enorme con el salario mínimo vigente.

En la presentación, las centrales de trabajadores recordaron que la convocatoria al Consejo es una obligación legal del Poder Ejecutivo y que debe realizarse de manera periódica para garantizar actualizaciones acordes a la evolución de los precios.

A través de la marcha del miércoles los organizadores también le solicitan a La Libertad Avanza actualizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares. También el rechazo al artículo 73 del Presupuesto 2026, que prevé derogar partes de la Ley 27.160, la normativa sancionada en 2015 que establece la movilidad automática de la AUH y otras asignaciones.

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP opinó ante una consulta de Infobae: “Hay un deterioro extremo del tejido social, en los territorios la crisis avanza a paso agigantados al igual que el narco tráfico, consecuencias de las políticas de Javier Milei”.

La dirigente social también adelantó: “Nuestra agenda de lucha de cara a fin de año, será un diciembre con mucho conflicto en todo el país ya estamos desarrollando asambleas para construir una gran movilización porque la situación es insostenible”.

En paralelo, la CTA Autónoma presentará dos documentos técnicos como contrapropuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno: plantea fortalecer la protección social, ampliar derechos y mejorar la distribución del ingreso. La movilización del miércoles será un espacio clave para poner en la escena pública estas demandas combinadas.

Como adelantó este medio, la Casa Rosada anticipa un “fin de año conflictivo” ya que para la UTEP y aliados, esta jornada es apenas la continuidad de la movilización del pasado 19 de noviembre frente al Congreso que demostró mostró que la conflictividad social ya escaló con la fusión de organizaciones de jubilados, piqueteros de izquierda, trabajadoras populares, sectores sindicales distanciados de la CGT y la UTEP que se unieron para mostrar un frente amplio “contra el ajuste y la precariedad del gobierno de Javier Milei”, tal como difundieron en un comunicado conjunto a través del cual se advertía sobre “una ofensiva de movilización” que se extenderá en todo el mes de diciembre, con asambleas en todo el país.