La brecha salarial se acompaña de distintos niveles de gasto público en cada jurisdicción. El informe de Argañaraz señala que el gasto en salarios provinciales creció en términos reales un 11% interanual durante el primer semestre de 2025, mientras que el gasto en salarios nacionales disminuyó un 5%. Estos movimientos pueden asociarse tanto a variaciones salariales como a cambios en la cantidad de empleados públicos.

Una de las problemáticas que aparecen en ese contexto de despidos masivos en el sector público es que el empleo en el sector privado sigue en caída, por lo que la capacidad de reinserción en el mercado laboral se torna compleja. Por caso, los datos del SIPA muestran que en agosto (último dato disponible) perdieron su puesto 10.555 trabajadores registrados. Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada es de 138.573 empleos.

De acuerdo con el Indec, en 2024 el 15,8% de los ocupados se desempeñaba en el sector público. De ese universo, el 21% trabajaba en la administración nacional, el 66% en las provincias y el 13% en los municipios.

La distancia entre los extremos es significativa: las provincias de menor gasto anual destinan menos de un millón de pesos per cápita (a precios de agosto de 2025), mientras que todas las patagónicas triplican o superan ampliamente ese monto.

Las diferencias son notorias. Neuquén y Santa Cruz encabezan el ranking de costo laboral, con un gasto mensual estimado de $3,1 y $2,8 millones por empleado, respectivamente. Les siguen la Ciudad de Buenos Aires ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones).