Por esto mismo, el programa se centrará en fortalecer la institucionalidad nacional y provincial en políticas de primera infancia; mejorar la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil a través de estándares comunes, capacitación y monitoreo; ampliar las estrategias de acompañamiento familiar territorial; generar sistemas de información integrados que orienten la toma de decisiones; e implementar esquemas de financiamiento basados en resultados y cumplimiento de objetivos.

Para eso, destacaron de vital importancia contar con instrumentos programáticos que permitan, de manera coordinada y coherente, implementar una política destinada a la protección y aumento de la calidad de los servicios de primera infancia conforme a los roles y funciones asignados a cada nivel de Gobierno. Todo esto se llevará a cabo en virtud del diagnóstico inicial que cada provincia realice respecto al funcionamiento y necesidades de mejora del sistema.

En ese sentido, destacaron que el Gobierno local se encuentra en mejores condiciones de asistir a los niños y las familias de su comunidad, y que su actuación resulta más efectiva y eficiente, dado que cuenta con mayores capacidades operativas y de diagnóstico en su territorio.

Para eso, “la Nación acordará con la provincia, mediante un convenio marco, un monto total de cápitas o vouchers mensuales disponibles a transferir, así como un máximo de familias a acompañar”.

”A fin de garantizar el carácter federal del Programa, se establece que todas las provincias contarán con al menos el 10% de sus departamentos incluidos”, explicaron. Sin embargo, mencionaron que: “Si una provincia no alcanza con el porcentaje de departamentos que cumplan con ese criterio de IPI mayor o igual que 7, se incorporarán los que le siguen en nivel de vulneración hasta completar el umbral mínimo”.