La reafirmación en lo tocante a la observancia de la Ley y al ejercicio del poder público, lo cual conlleva a que cualquier acto del Estado ha de fundamentarse en el derecho vigente, no produciendo efecto alguno si no se ajusta al orden legal,

Es, por lógica, impostergable de que hemos de entender y de una vez por todas, que “la eficiencia democrática” demanda una definitiva gestión pública ante los desafíos contemporáneos. Y concomitantemente de que “el bienestar social” exige que las providencias gubernamentales propendan, seriamente, al aseguramiento de la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos,

Suele expresarse, asimismo, que es una eficiente manera de evitar los abusos de la autoridad conforme a la formula “el poder detiene al poder”, así como que propende a una mayor utilidad en la operatividad del gobierno gracias a la especialización técnica de los órganos estatales. Por las razones expuestas la máxima se expresa así: “la separación de poderes, pero en concurrencia con la colaboración entre el legislativo, el administrativo y judicial”.

La administración de justicia, a cargo de jueces de sólida preparación, una alta dosis de moralidad y la experiencia que tan importante posición demanda, entre ellas la penalidad del delito y demás infracciones al ordenamiento normativo, a través de sanciones proporcionales a las transgresiones y faltas.

La actual situación ha inducido a agregar el narcotráfico, cuyo voluminoso resultado en monedas de la mas variada índole, así como la proliferación de alucinógenos ha inducido a serias preocupaciones en el escenario internacional, circunstancia que ha potenciado en lo que respecta a América Latina la toma por parte del gobierno de los Estados Unidos de parte considerable del Atlántico y el Pacifico, en un serio combate contra tales actividades, sin lugar a dudas, nefastas para la humanidad.

La política económica, definida, según leemos, como “la selección adecuada de medios concretos a los cuales acuden los gobiernos, y mucho más si son serios, con la finalidad dé regular u orientar la actividades de los agentes económicos, en aras de la materialización de determinados fines macroeconómicos”.

El ejercicio riguroso de la potestad sancionatoria de la democracia, ante “la criminalidad política” de despojar inconstitucionalmente del ejercicio del poder democráticamente alcanzado, por una intentona golpista, alternativa, en una sana lógica proscrita, por los cuarenta años de democracia edificada con arreglo a una Carta Magna democrática (1961), la más optima que ha tenido Venezuela, se llevó por delante “El gran viraje”, como calificó con acierto el Dr. Rodríguez al “plan integral de desarrollo” que se alentaba en un gobierno electo popularmente. Tal conducta, en todos, los aspectos delictiva ha de calificarse como una tipología penal y con dura sanciones. Por tanto, acápite o pauta del “Abecedario”.