El caso generó un importante despliegue de seguridad, ya que un grupo de padres acudió al establecimiento luego de conocer las denuncias contra el portero. La situación derivó en una causa anexa por los incidentes registrados en el lugar.

De acuerdo con la fiscal Victoria Vigna, el portero de la Escuela República de Colombia N°1085 quedó bajo sospecha por mostrar a seis estudiantes material pornográfico en el ámbito escolar.

El juez Gazza avaló la calificación jurídica de “corrupción de menores”, aunque en grado de tentativa, y dispuso la continuidad de la investigación sin conceder la libertad provisional al imputado.

El expediente se encuentra en una etapa inicial. La fiscal Vigna explicó que restan por incorporarse dos elementos probatorios fundamentales: la declaración de los estudiantes en Cámara Gesell y el análisis del teléfono celular secuestrado al acusado.

Desde la institución, separaron al portero de sus funciones de forma preventiva, ni bien se conoció la denuncia.

El Colegio de Psicólogos de Quilmes suspendió durante un año la matrícula de un profesional tras recibir denuncias por conductas indebidas, acoso y abuso sexual en los ámbitos terapéutico y académico. Mientras tanto, el hombre se encuentra bajo investigación de la Justicia.

Las primeras denuncias formales se presentaron a comienzos de 2024 ante el Colegio de Psicólogos de Quilmes. Después de que se difundieran los primeros relatos, un grupo de mujeres creó una cuenta de Instagram para recopilar diferentes testimonios que brindaron detalles sobre las modalidades de acercamiento y contacto del acusado. En dichos relatos se observó la repetición de ciertos patrones: las denunciantes indicaron que P. B. establecía primero relaciones de confianza para luego derivar el vínculo a un plano personal y más tarde sexual.

En otro testimonio, se relató que el acusado, en su rol de docente, solicitaba fotos personales a alumnas o hacía comentarios de contenido sexual. Varios testimonios dieron cuenta de situaciones de incomodidad tras comentarios, contacto físico fuera de contexto o derivaciones a conversaciones íntimas por mensajería.

La difusión en redes sociales motivó la llegada de nuevos relatos y consultas de mujeres que atravesaron situaciones similares, aunque muchas manifestaron temor para avanzar con una denuncia formal. Al cierre de la investigación, al menos siete personas realizaron denuncias identificadas ante la entidad, y se estimó que el total de afectadas superaría las quince, considerando ex pacientes, alumnas y terapeutas.

El tribunal precisó que se violaron los artículos relacionados con la ética profesional y decidió imponer la suspensión de la matrícula por un año, subrayando que el profesional ya había recibido una sanción previa.

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