31 de octubre de 2025
El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado
La Justicia de La Pampa ratificó la condena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, por el delito de abuso genérico de autoridad
>La Justicia de La Pampa confirmó en las últimas horas El fallo fue dictado por el Tribunal de Impugnación Penal y ratificó la pena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, según informaron desde el Poder Judicial de La Pampa a través de sus canales oficiales y reprodujo el portal Infohuella.De esta manera, Galván deberá afrontar un año y tres meses de prisión en suspenso por el delito de abuso genérico de autoridad. Además, quedó inhabilitado el doble del tiempo de la condena para trabajar en cualquier cargo o empleo público.
Los magistrados destacaron que el juez de primera instancia, Andrés Olié, había dado un análisis minucioso de los testimonios de los agentes y de los presos, y que no hubo contradicciones graves entre los hechos expuestos en la acusación y los que finalmente se dieron por probados.
El 31 de mayo de 2024, Cristian Galván, entonces jefe de la subcomisaría de Lonquimay -un pueblo de dos mil habitantes ubicado sobre la ruta nacional 5, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa-, organizó su fiesta de casamiento en un pub ubicado a solo una cuadra de la dependencia policial.
Ese día, cuatro presos (Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Dante Sánchez) bajo su custodia fueron llevados hasta el salón sin autorización judicial para cumplir tareas de mozos, asadores y encargados de la limpieza.También se informó que los detenidos fueron desde la subcomisaría hasta el lugar del evento caminando, algunos sin custodia. Y regresaron por sus propios medios a sus celdas luego de la celebración a la que asistieron alrededor de 35 personas.
De esa manera, su jornada de fuera de las celdas se extendió de 9 a 18 horas. Cabe remarcar que ninguno de ellos poseía autorización ese día para realizar diligencias fuera de la dependencia.La causa penal se inició luego de que el episodio se volviera “un secreto a voces” en el pueblo y las autoridades tomaran intervención tras las actuaciones internas en la sede policial. El caso llegó a juicio, donde varios de los involucrados se mostraron reticentes a declarar.Las consecuencias para Galván no solo fueron penales. Además de la suspensión e inhabilitación, el fallo ordenó la notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y estableció que el ex jefe policial debe fijar domicilio y someterse al control de un ente dedicado a la reinserción social durante dos años.
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