20 de octubre de 2025
Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal

En los primeros nueve meses de 2025, las erogaciones indexadas, como jubilaciones y pensiones, tuvieron un aumento real moderado, mientras que las partidas no ajustadas -salarios públicos, obra pública y asistencia energética- bajaron
En el área científica, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una baja de 83%, mientras el Conicet, la Conace, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino registraron caídas de entre 19% y 35%. En el ámbito educativo: programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución, y los fondos para becas, formación docente y fortalecimiento edilicio cayeron hasta un 89 por ciento.
El área social también sufrió recortes de magnitud. La Anses redujo su ejecución en 7%, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en 72%. Los fondos destinados al Inaes se contrajeron 74%, y programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia directamente dejaron de ejecutarse o registraron caídas del 100% al 88%, según el estudio privado. Los comedores comunitarios y merenderos tuvieron un ajuste del 63 por ciento.
Por el contrario, el gasto en inteligencia del Estado aumentó un 35% respecto de 2023.
El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Ministerio de Economía y analizado por el CEPA proyecta la continuidad del ajuste con un nuevo marco normativo que consolida el “blindaje fiscal”.El Del lado del gasto se consolida una política de recorte estructural en áreas sensibles. En educación, las partidas aumentan 4% nominal respecto de 2025. Las universidades nacionales siguen con recursos limitados, mientras los programas de becas estudiantiles muestran una caída acumulada del 76% desde 2023. En el Conicet, el recorte interanual será del 5,4%, acumulando una reducción de casi el 40% en tres años.
En el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá un nuevo recorte del 7,3%, mientras la Prestación Alimentar y los fondos para comedores comunitarios retrocederán 2% y 17%, respectivamente, ante la baja observada en los índices de pobreza e indigencia.
El CEPA advierte que el Presupuesto 2026 no solo mantiene el sesgo contractivo del gasto público, sino que incorpora medidas estructurales que agravan la situación de los organismos. Entre ellas, la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, la eliminación del 6% del PBI garantizado para educación, del 1% para ciencia y tecnología y del Fondef (Fondo de Defensa Nacional). Según Hernán Letcher, director del CEPA, “La lógica del desfinanciamiento no se limita a la reducción del gasto, sino que afecta las capacidades institucionales del Estado: Cuando el Estado deja de invertir en innovación, en control o en salud, no solo achica su estructura, también pierde soberanía técnica y científica”.“Lo que más está cayendo son los subsidios a la energía, la obra pública, los salarios públicos y los subsidios al transporte”, detalló Argañaraz, quien advirtió que esa combinación genera un efecto multiplicador negativo: “El menor poder adquisitivo de los empleados públicos se traduce en menor consumo, y la caída de la obra pública implica menos actividad económica en ese sector y en las cadenas que dependen de él”.
Según los cálculos del Iaraf, el gasto total crecería este año un 2,1% real, por debajo del ritmo de expansión de la economía. Eso implica que el gasto público pierde incidencia en el PBI y, al mismo tiempo, que el superávit fiscal se sostiene a costa de un ajuste cada vez más profundo.Argañaraz aclaró, sin embargo, que el desafío de fondo no es solo cuantitativo sino cualitativo: “Después de un ajuste grueso, tiene que venir una sintonía fina. Si la reducción de gastos provoca una caída directa en los servicios que presta el Estado y la demanda social se mantiene, aparecen los cuellos de botella”. En ese punto, advirtió que la eficiencia no se mide únicamente por cuánto se gasta, sino por la capacidad de mantener los servicios públicos funcionando con menor presupuesto.
“El mensaje es claro -sostuvo Garro-: si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos. Se trata de una decisión política y fiscal: no hay plata, y si no se puede achicar por decreto, se achica por asfixia presupuestaria”.